El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019. Las líneas básicas estaban esbozadas en su propuesta de techo de gasto que no consiguió sacar adelante. Ahora hay que ajustarlos con un déficit menor del que se proponía con el beneplácito de Bruselas. Faltan, pues, detalles sustanciales para poder hacer una valoración definitiva. Este Gobierno en minoría deberá priorizar. Los mensajes que ha lanzado hasta ahora han sido claros en este sentido: la principal prioridad es recuperar el gasto social para drenar la desigualdad galopante que ha traído el modelo que eligió Mariano Rajoy para salir de la crisis. La segunda prioridad es el equilibrio territorial amenazado también por la crisis, pero muy especialmente por los que de un lado y de otro han convertido el agravio en su razón de ser. En esta vertiente, el Gobierno se compromete a cumplir las disposiciones que recogen algunos estatutos de autonomía, en el sentido de garantizar un porcentaje de inversión del Estado en la comunidad en función de la población, en el caso de Andalucía, o de la aportación al PIB, en el de Cataluña. También deberían recoger el compromiso del presidente del Ejecutivo de que el 10% de la inversión territorializada vaya a la Comunitat Valenciana. Además, se incluirán una serie de medidas transitorias para compensar la infrafinanciación de nuestra Comunitat. No son unos compromisos fáciles de cumplir, pero es, sin duda, un cambio significativo de tendencia en la línea de acabar con la política basada en los agravios.
Con este anuncio, las cosas se les ponen aún más difíciles a quienes en Esquerra y el PDECat pretenden oponerse a los presupuestos de Sánchez. Las mejoras son objetivables: 1.700 millones de incremento de financiación para la Generalitat y un aumento de cinco puntos de la inversión del Estado en Cataluña. Estamos hablando de más dinero para escuelas, hospitales, seguridad, bomberos, atención social, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, etcétera. La Cataluña real que al margen del estatus político que quieran unos u otros, mejoraría su bienestar con estos Presupuestos. Y no estamos ante ninguna cesión a los independentistas, como alega una parte de la oposición, sino simplemente con el cumplimento de las leyes vigentes, la LOFCA y el Estatut. Todo indica que ERC y el PDECat serán sensibles de entrada a estos planteamientos y desoirán las amenazas de Quim Torra y de Carles Puigdemont para bloquear incluso la tramitación. Estos Presupuestos merecen, como mínimo, debatirse en el Congreso para que, por ejemplo, el flamante Gobierno de PP y Cs en Andalucía explique por qué no apoya el cumplimiento de las leyes.
