+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

Los Presupuestos del Estado más sociales

 

El proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno ayer en el consejo de ministros defiende un giro en la política económica del país, con una mayor voluntad redistributiva de la riqueza, que comportaría un aumento del gasto público en partidas como las pensiones o la dependencia, por poner solo dos ejemplos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los presentó como un «punto de inflexión» hacia un modelo «más inclusivo y sostenible», y podrían serlo si superan la tramitación parlamentaria, todavía en el aire.

El Ejecutivo fía el aumento del gasto a una previsión de recaudación récord de 227.356 millones de euros, el 9,5% más que el 2018. Unas cifras quizá demasiado optimistas, teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento para este año se ha rebajado una décima, del 2,3% al 2,2%. El Gobierno espera aumentar los ingresos siguiendo la máxima de quien más tiene, más paga. Así, el IRPF subirá para los grandes contribuyentes y se incrementará el impuesto de sociedades para las grandes empresas, la banca y las compañías de hidrocarburos. En cuanto al IVA, se rebaja la tasa en los productos de higiene femenina del 10% al 4%, lo que pone fin a una situación de discriminación de género en el consumo. Entre las medidas sociales, aumenta la dotación de dependencia y también las becas de estudio.

Falta por concretar la inversión del Estado en Cataluñaa, aunque el Gobierno ya anunció que por primera vez cumplirá la disposición adicional tercera del Estatut catalán. La cifra exacta se conocerá el próximo lunes, cuando el proyecto se presente al Congreso. También si recoge las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana.

El compromiso de cumplir el Estatut catalán es un gesto hacia los partidos independentistas, que aún no han decidido su voto. Pero esta no es la única incertidumbre a la que se enfrenta Sánchez. Podemos, con el que llegó a un pacto presupuestario, amaga con oponerse si no se modifica el decreto de alquileres para que los ayuntamientos puedan limitar los precios. El Gobierno no lo tiene nada fácil. Los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez tienen en su mano favorecer unas cuentas que pretenden corregir los desequilibrios de políticas anteriores y mejorar las inversiones autonómicas o dejar al Ejecutivo en una inestabilidad que abriría el camino a unas nuevas elecciones, con el auge de la ultraderecha de fondo.