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Los incendios forestales son uno de los mayores problemas ecológicos que azotan las zonas verdes en España. Por su frecuencia e intensidad la amenaza es constante. Cada año arrasan miles de hectáreas y los planes de prevención resultan fundamentales para mitigar su efecto.
La responsabilidad de cuidar nuestros montes es de todos, pero estos planes deberían ser elaborados no solo por ayuntamientos sino también por los titulares cuando, como pasa en muchos casos, son propiedad privada.
Por eso llama poderosamente la atención, como hoy denuncia este diario, que 114 municipios de la provincia de Castellón carezcan de planes locales de prevención de incendios forestales, a pesar de que son obligatorios desde el 2005, es decir, hace más de una década.
En unos casos se deberá a la falta de diligencia de los políticos que están en el poder y, en otros muchos, porque son pueblos rurales que no disponen de presupuesto para contratar una consultora especializada.
Por eso, no estaría de más que la Generalitat reserve una partida económica con subvenciones que animen a los alcaldes a implicarse en la prevención de los incendios. Y es que, no cabe duda, cuanto más desarrollado tenga una localidad la prevención, más posibilidad de éxito tendrá en la extinción.
