Son nuevos tiempos los que empezamos a vivir tras los momentos agudos de la pandemia. Nuevos escenarios que tienen que ser observados con miradas transversales que incluyan una perspectiva de igualdad, de justicia social y de derechos humanos.
La pandemia del covid-19 y el estado de alarma durante la misma han puesto en evidencia que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular viven desde hace mucho tiempo en una situación drástica de desamparo, desprotección y conculcación de derechos, Hace una semana en el Congreso se registró una iniciativa para aprobar «la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español», presentada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, CUP, Más País, Compromís y BNG, sumando un total de 67 diputados y diputadas.
A través de esta proposición no de ley solicitamos al Gobierno del cual formamos parte, junto al Partido Socialista, «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo».
A día de hoy, parece que no es especialmente prioritario abrir un proceso de regularización en sí, lo que sí podemos ver desde el Ejecutivo es una flexibilización de los requerimientos para vivir y trabajar en territorio español. Contamos con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien defiende la simplificación de la normativa así como la adaptación de los flujos migratorios al mercado laboral. Como prioridad tiene en su agenda de trabajo la modificación de la ley de extranjería que necesitará consenso dentro y fuera del Gobierno.
Desde hace muchos meses se ha puesto en marcha la campaña #RegularizaciónYa, compuesta por diversas entidades sociales como Obrim Fronteres o la plataforma Regularización Ya, entre otras, que han venido trabajando en propuestas que se han visto plasmadas en la proposición no de ley, que incluye 13 puntos, entre los que también se trabajan temas como el derecho al asilo. En cuanto a la reagrupación familiar se reclama flexibilizar los trámites para que las personas extranjeras residentes de forma regular puedan traer a sus familiares. Respecto a las llamadas devoluciones en caliente se propone acabar con ellas y con carácter de urgente trasladar a la Península a las personas que se encuentran en los Centros de estancia temporal (CETI) de Ceuta, Melilla y Canarias. El cierre definitivo de los Centros de internamientos para extranjeros (CIE) es también un reclamo. Los menores de edad, de 16 a 18 años están considerados en esta propuesta, donde se pide asegurar su residencia y que de forma automática se les otorgue un permiso de trabajo. De igual forma se procedería con los menores que hayan dejado la tutela de la administración pública en centros de acogida.
La pandemia ha expuesto a las personas más vulnerables a situaciones de desigualdad y discriminación que deberíamos erradicar por justicia social. Es el momento de actuar.
*Diputada Unides Podem por Castellón en Les Corts
