Pedro Sánchez anunció este domingo que el Consejo de Ministros aprobará el martes una prórroga de 15 días del estado de alarma, decisión que debe ser ratificada después por el Congreso de los Diputados. La prórroga es tan inevitable como necesaria, dado que la epidemia provocada por el coronavirus no ha alcanzado aún el pico. Las cifras de nuevos enfermos reflejan contagios anteriores a la puesta en marcha de las medidas de distanciamiento social y cada día siguen aumentando. El presidente del Gobierno, que ha comparecido dos veces en menos de 24 horas, se guardó el sábado el anuncio seguramente como deferencia con los presidentes autonómicos, con quienes se reunió el domingo por videoconferencia, a riesgo de dejar sin contenido la comparecencia del día anterior, en la que no anunció ninguna medida. Sánchez está haciendo una elogiable labor de concienciación de la población para que respete las medidas de confinamiento, pero las comparecencias públicas son más eficaces si sirven también para anunciar nuevas iniciativas.

Al menos cuatro presidentes autonómicos, según el president Quim Torra, pidieron un endurecimiento de las medidas en la línea que propone la Generalitat de Cataluña. Torra bajó el tono en relación a la anterior reunión y ofreció su colaboración a Sánchez y a los demás presidentes, pero insistió en que la principal exigencia del Govern, el «confinamiento absoluto» en Madrid y Cataluña, aún no se ha resuelto. Todas las medidas son discutibles y pueden ser reforzadas -de hecho, Sánchez anunció cinco nuevas que endurecen el confinamiento, más allá de la misma prórroga--, pero lo que no es de recibo es convertir la discrepancia en objeto de lucha partidista. Sánchez no quiere entrar en polémicas y ha minimizado las divergencias porque nadie puede estar seguro de tener razón. Sostiene que el «confinamiento general» adoptado en España es el más duro de Europa, mientras que Torra defiende un confinamiento total que no se puede decir que haya sido exitoso, por ejemplo, en Igualada. Hay, sin embargo, margen para endurecer aún más las medidas dentro del marco establecido por el estado de alarma. El Govern, por ejemplo, propone la «protección absoluta de los trabajadores» y para ello aprobará que la distancia entre las personas en las empresas sea de metro y medio.

Las consecuencias económicas de la crisis sanitaria son enormes y deben ser tratadas a nivel europeo con una mayor implicación de la UE, como reclamó también el presidente del Gobierno. La UE ha relajado los topes fiscales del pacto de estabilidad y el Banco Central Europeo, tras las primeras dudas, ha lanzado una inyección de 750.000 millones de euros, dos decisiones acertadas, pero aún existe otra institución, el Mede (mecanismo de estabilidad europea), creado tras la crisis del 2008, que puede ayudar a paliar las dificultades de los países más vulnerables, como España e Italia, con un fondo de 500.000 millones de euros. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que está actuando con determinación en esta crisis, ya ha solicitado la intervención del Mede, iniciativa que también apoya Pedro Sánchez y que la UE debería considerar.