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Opinión

 

Las protestas del campo

 

Centenares de tractores y miles de personas invadieron pacíficamente ayer las calles de València --con representación de todas las comarcas de Castellón--, Lleida, Málaga y otras ciudades de España para responder a la llamada de las organizaciones agrarias como Asaja y COAG, entre otras, y de las patronales del sector. La reivindicación era unánime: lograr un mejor trato para el campo y los campesinos.

El trabajo rural se ha vuelto insostenible para muchos, hasta el punto de llegar a una situación límite. En la producción vegetal y animal, España presenta muchas diferencias entre comunidades, pero hay un alto predominio de la explotación familiar (un 89%), que se resiente de la cada vez más menguante rentabilidad. Las diferencias de precios entre los dos polos son escandalosas y se deben a la intervención de intermediarios y, principalmente, de unas pocas empresas que controlan la cadena agroalimentaria y la gran distribución. La renta agraria ha ido disminuyendo en los últimos años hasta desembocar en este grito urgente que no solo se produce por la bajada en picado de los precios sino también por prácticas permitidas pero dudosas como la venta a pérdidas (vender más barato que el coste) de las grandes superficies, la irrupción de una competencia desleal procedente de países no comunitarios o los aranceles de EEUU.

Los agricultores reclaman un trato equitativo y justo, con una reforma de la ley de la cadena alimentaria, una retribución mínima de los productos, ayudas económicas y fiscales o ampliación de los fondos de seguros. La agricultura produce bienes indispensables y mantiene el paisaje. Perder este equilibrio sería una catástrofe.