Efectivamente, el PSOE no pierde ocasión de pervertir todo lo que toca, bajo la máxima de ‘estos son mis criterios, pero si no le gustan, tengo otros’. Una prueba de ello la tenemos en el CIS, dirigido por un miembro de la ejecutiva socialista, el tal Tezanos, que se dedica a pedir directamente el voto para el PSOE. Así, con un par.
Otra de las instancias que el PSOE ha sido capaz de manosear durante los últimos días --entre otras cosas porque se han dejado--, ha sido la abogacía del Estado, que perfectamente podría llamarse la ‘abogacía del PSOE’.
Estamos ante un nuevo episodio de uso partidista de una institución importante que debería estar al servicio de los intereses generales de todos los españoles, y no de los del partido que coyunturalmente ocupa los resortes del gobierno.
La Abogacía del Estado ya jugó todo un papelón en el juicio del procés, que a diferencia de la Fiscalía, decidió rebajar la petición de condena de rebelión a sedición. El pasado día 10 de octubre vivimos otro ejemplo de cómo la Abogacía del Estado ha quedado mirando a Cuenca. Y es que Pedro Sánchez y su gobierno han obligado a los abogados del Estado a dar el visto bueno al desbloqueo de los fondos autonómicos de financiación, en plena precampaña electoral.
Y no habría ningún problema, sino todo lo contrario, si no fuera porque hace escasamente un mes la propia Abogacía del Estado había dicho todo lo contrario en otro informe a petición del propio gobierno socialista. Es un ejercicio de cinismo que me atrevería a calificar de galáctico.
O sea el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, manoseando a la abogacía la obliga a hacer un informe que casaba con sus intereses políticos para justificar que no se podía pagar a las aomunidades autónomas por parte de un gobierno en funciones y así echar la culpa a los demás partidos del bloqueo institucional al no haber apoyado un gobierno socialista.
La única intención de ese informe era presionar a los presidentes autonómicos de diferentes colores políticos para que sus partidos apoyaran su investidura.
Y como no fue investido, encargó otro informe en sentido contrario. Ahora la Abogacía tenía que decir que había que entregar esos fondos a las autonomías. Y efectivamente ese informe se ha hecho.
Pero el problema ha llegado a la hora de ponerle una firma al informe. Y es que hay funcionarios públicos a los que les ha parecido vergonzoso el uso partidista que se ha hecho de una institución que es de todos los españoles, no del gobierno de turno. Ha tenido que ser la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que llegó a su puesto con la llegada del PSOE al Gobierno, quien ha tenido que asumir personalmente la firma.
¡Menudo papelón el de la tal Castro y el del propio PSOE! Manosear y adulterar una institución pública por puro interés electoral.
*Portavoz del grupo popular en la Diputación de Castellón
