El proceso de investidura del nuevo president de la Generalitat de Cataluña tensa las instituciones de forma muy grave. Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se reuniera con Carles Puigdemont en Bruselas, el Gobierno central anunció ayer jueves su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del 22 de enero en la que el presidente del Parlament propuso a Puigdemont como candidato a la investidura. Como paso previo, el Gobierno pidió al Consejo de Estado una opinión urgente, y este organismo consultivo rechazó la intención del Gobierno, con el argumento de que todavía no es el momento de impugnar la candidatura de Puigdemont.
El varapalo a la Moncloa es importante, y desmiente a aquellos que dibujan un Estado español con organismos sin independencia del Gobierno de turno. Aun así, el Ejecutivo anunció que continuará con el recurso ante el TC. Este movimiento de la Moncloa llega en pleno debate en el bloque independentista sobre si Puigdemont debe (o puede) ser el president que gobierne desde el minuto uno, en palabras de Torrent. Si el TC acepta el recurso del Gobierno, el presidente del Parlament y ERC pueden encontrarse con el dilema de obedecer, y romper la unidad independentista, o desobedecer, y situarse de nuevo fuera de la ley, como el 6 y el 7 de septiembre. Se repite el nefasto cóctel que ha caracterizado al procés. Este cóctel ha llevado a Cataluña (y a toda España) a la crisis institucional actual. Y en lugar de rectificar, se persevera en la irresponsabilidad con empeño digno de mejor causa.
