De nuevo, como hace una semana, Carles Puigdemont debe tomar una decisión trascendental para Cataluña, Hoy termina el plazo que le otorgó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que aclarara si el martes pasado declaró o no la independencia de Cataluña. La misma pregunta -que es la antesala de la aplicación del artículo 155- demuestra la situación caótica en la que deriva unilateral independentista ha colocado a Cataluña. Sin Parlament, con un ordenamiento jurídico incierto, con una fuga de empresas y sin ninguna posibilidad de lograr la mediación internacional por la que suspira, la Generalitat ya no representa a todos los catalanes sino tan solo a quienes aspiran a la independencia al precio que sea. Son muchos, pero ni siquiera son mayoría y hoy ni siquiera son todos los soberanistas. Ratificar la declaración de independencia (o proclamarla, o levantar la suspensión, el debate legal es estéril en el limbo en el que está Cataluña) tiene unas consecuencias: la suspensión del autogobierno y una previsible situación de emergencia en las calles. Es el escenario que defienden los partidarios del cuanto peor, mejor, los que desde las filas independentistas sostienen que solo llevar la crisis a la calle y los mercados permitirá a Cataluña negociar con el Estado. ¿El qué? ¿La independencia? ¿Un referéndum pactado? Nada de eso puede negociarse con Cataluña intervenida. Solo hay una salida, como este diario ha dicho: elecciones ya.