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A fondo

Puigdemont y el pacto de impunidad

 

Puigdemont y el pacto de impunidad -

JOSÉ ANTONIO Zarzalejos
07/01/2018

La maquinaria de fabulación secesionista –esa que ha elaborado el relato de lo que iba a ser y nunca fue: la república catalana– trabaja a pleno rendimiento con el concepto de la legitimidad de Puigdemont como presidente, presente y futuro, del Govern de la Generalitat de Catalunya. No hay tal. Se trata de otra añagaza que busca solo un propósito: diluir todas las posibles responsabilidades penales del expresident para que pueda regresar a España y ser investido por el Parlament. En otras palabras: se intenta un remedo del exilio de Josep Tarradellas y un regreso similar, en loor de multitud. La historia solo rima o, de repetirse, lo hace como farsa. Y esa es en la que estamos.

Puigdemont y JxCat saben a la perfección que las urnas no absuelven de posibles infracciones penales y que estas, siendo el responsable electo, no las depuran sino que las sancionan los tribunales de justicia. El destino del expresident, si quiere salir de su encarcelamiento en Bruselas, pasa por regresar a España, ser detenido, llevado a presencia del magistrado Pablo Llarena, ingresado en prisión provisional incondicional y, en el mejor de los casos para él, ser investido y regresar a Estremera o al centro penitenciario que señale el togado.

¿Cabe un pacto político que evitase el trayecto descrito? Obviamente no. El Gobierno no puede transar con los poderes jurisdiccionales, ni interesar del ministerio fiscal que retire las querellas sin una causa de índole fáctica o jurídica que lo justifique. Ni Rajoy, ni el Congreso, ni el Senado, ni ninguna institución del Estado, aunque lo quisiera, podría ofrecer a Puigdemont un pacto, un acuerdo de impunidad, es decir, aquel que le deje libre, de antemano, de las acusaciones que están planteadas formalmente contra él y en fase de instrucción en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Y evitar este relato –este sí, auténtico– es de nuevo engañar a los partidarios de JxCat y a sus votantes que emitieron su sufragio quizá sugestionados por la convicción de que una legitimación democrática liberaría a los electos de sus responsabilidades penales. Así no funcionan las democracias, solo lo hacen las dictaduras o las autocracias. Conviene no olvidarlo cuando se acerca la constitución del Parlament –el día 17-- y corren los plazos para la primera sesión de investidura.

La estrategia de fuga de Puigdemont, previendo lo que penalmente se le venía encima, ha fallado. La revocación de la euroorden por el magistrado-instructor de la causa especial 20907/2017 resultó la gran contrariedad a los planes del expresident. Su cálculo no era ingenuo: regresar devuelto por Bélgica pero por cargos menores, nunca por delitos tan graves como los de rebelión, sedición y malversación de fondos. La decisión de Llarena de mantener al jefe de filas de JxCat como un turista en la capital de Bélgica fue un torpedo en la línea de flotación del plan del expresident. Y aunque las urnas le dieron ventaja sobre ERC cuando las encuestas anticipaban que no sería así, las posibilidades de Junqueras son ahora superiores a las suyas, aunque su apelación haya sido desestimada y deba permanecer en la cárcel sine die. Pero como ha declarado Gabriel Rufián el plan B consiste en hacerle president. Plan B muy improbable también.

La legitimidad democrática se somete, para serlo auténticamente, a la ley, sea esta la penal o cualquier otra. No hay legitimidad que se sobreponga a la norma, mucho menos cuando esta es de carácter punitivo. Siendo así las cosas –y hasta el más elemental análisis lo acreditaría– el sudoku que han montado el 21-D los exconvergentes y los republicanos no cabría suponerlo ni en la hipótesis más inverosímil. De tal manera que si ya la fugaz proclamación de la república catalana fue un mero voluntarismo, el planteamiento por parte de ambas fuerzas políticas del 21-D consistió en un teatrillo: llevar en cabecera a huidos, presos e imputados que, antes o después, salvo error u omisión, terminarán inhabilitados para el ejercicio de las funciones representativas.

El hecho de que lo sean –es decir: que como electos representen a ciudadanos– no es eximente de clase alguna en el Código Penal sino una causa de exigencia de mayor responsabilidad y rigor en el cumplimiento de la ley. Estas son las reglas del juego en las que la impunidad no encaja. Los acontecimientos en Catalunya abocan a designar presidents del Govern y del Parlament a electos limpios de polvo y paja penal, o a repetir elecciones sin la presencia de huidos, presos e imputados.

*Periodista

   
1 Comentario
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Por vicentboschipaus 12:01 - 07.01.2018

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I a M.Rajoy que li aplicaran??? La llei de l'embut. I el cas Taula, el Lezo, Valmor, ... I els condemnats Rato, Iñaki, ... on estan??? La llei de l'embut, ara i sempre. I per a cloure: Las poblaciones van evidenciando un creciente hastío en relación a las formas tradicionales de la “política profesional”, dada por tecnócratas, burócratas siempre alejados de la gente, “mentirosos de profesión”. La política hecha a través de los partidos (farsante, embustera, manipuladora) sigue siendo la forma en que se maneja la institucionalidad de los Estados nacionales, pero cada vez más es la mercadotecnia, el manejo “de mentes y corazones” –como pedía Zbigniew Brzezinsky, maestro en estas artes–, la tecnología publicitaria, la que “hace” la política. O, al menos, la que se encarga de “manejar” a las grandes masas. Las decisiones fundamentales, por supuesto, se siguen haciendo en las sombras. Y no la hacen los “políticos de profesión” precisamente, sino los que les financian las campañas y para quienes, en definitiva, trabajan. Entonces, como acertadamente dijera el francés Paul Valéry: “ La política es el arte de hacer creer a la gente que toma parte en los asuntos que le conciernen ”. Deberíamos agregar: “pero sin permitirle que realmente se involucre en nada ”.