El expresident de la Generalitat catalana se ha convertido en una obsesión política en Cataluña y en el conjunto de España. Su gran apuesta fue la creación de JxCat con una lista que incluía al PDECat pero en la que dominaban hombres y mujeres que le habían mostrado una fidelidad sin fisuras y que, sobre todo, estaban y están persuadidos de que el propósito independentista que alienta Carles Puigdemont es una causa por la que merece la pena someter al país y al Estado a un constante estrés. Lo está consiguiendo. Y lo está haciendo en el bloque independentista y en el Gobierno central a los que trata por todos los medios de dejar sin salida. Es él o él. Y él es también el caos, el 155, la inestabilidad, el histrionismo y el mantenimiento temporal de la crisis hasta el agotamiento.

Esta semana tenemos el ejemplo de cómo Puigdemont y su grupo de diputados electos irreductibles --para los que no hay otro plan que la investidura siquiera temporal y simbólica de su líder-- están dispuestos a bloquear cualquier salida que no pase por una calenturienta reinstauración de la legitimidad que el expresident atesoraría tras su destitución al amparo de las medidas del artículo 155.

UN SECTOR importante del soberanismo, ERC y parte del PDECat, estarían por una solución pragmática tras un reconocimiento simbólico de Puigdemont que bajo ningún concepto quiere volver a España porque no maneja la hipótesis de un encarcelamiento. Y si esos sectores intentasen desembarazarse de su presencia institucional, los irreductibles que le acompañan en la lista del 21-D frustrarían el intento y abortarían la legislatura y se tendrían que celebrar nuevas elecciones.

Para sus diputados --que no son los 34 electos de la lista de JxCat pero sí más de la mitad de ellos-- no hay plan B, al menos hasta que el plan A de investirle --sea cual fuera la manera de hacerlo-- se consume.

El Gobierno, bajo la pésima gestión estratégica de Sáez de Santamaría, ha caído en todas las trampas que Puigdemont le ha tendido. La última se produjo ayer en el Tribunal Constitucional que empleó horas y horas en un trámite de admisión de un recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno no debió interponer.

El Ejecutivo, al acordar la interposición del recurso, ha adoptado una decisión mucho más política que jurídica, como ha quedado claro en el dictamen del Consejo de Estado y el de los letrados del Tribunal Constitucional. Ha forzado las pautas institucionales. La Moncloa ha perdido los nervios. Lo hizo el 1 de octubre con un manejo bochornoso de la crisis del referéndum y lo repitió el viernes con la misma precipitación que ya ha mostrado en ocasiones precedentes. Y entre una y otra decisión, el PP ha caído en picado el 21-D.

Puigdemont y sus fieles pueden albergar una idea muy épica de su comportamiento. Incluso, muy ética. Pero la realidad es que el uno y los otros han llevado a Cataluña a la intervención de su autogobierno, a su desinstitucionalización y a una posible depresión económica. De modo que los que hoy ríen las gracias al expresident o jalean sus quiebros al Estado, serán los primeros que en el futuro inmediato le pidan cuentas por los destrozos, tangibles e intangibles, que está causando.

*Periodista