Las investigaciones sobre las tropelías de la familia Pujol estallaron en julio del 2014 a partir de la regularización de unos fondos en Andorra que condujeron a la polícía hasta una cuenta administrada por Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de quien fue president de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, Jordi Pujol Soley. El padre hizo posteriormente su famosa confesión atribuyendo esta fortuna a una supuesta herencia legada por el abuelo a sus nietos. Las investigaciones judiciales han puesto sistemáticamente en duda esta versión. Los informes policiales más bien avalan otra hipótesis, la del cobro de comisiones de aproximadamente el 3% por la adjudicación de contratos públicos durante los mandatos del padre en la Generalitat que los hermanos se repartían en cuentas andorranas. En esas pruebas se basan las acusaciones de la fiscalía, que les atribuye diversos delitos de blanqueo de dinero y de evasión fiscal. Delitos que, según la documentación exhibida ayer, la policía considera que ha seguido realizando una vez iniciada la instrucción. Esa es la base de la entrada en prisión decretada finalmente anoche por el juez.

Esta decisión resulta más trascendental de lo que parece, puesto que aleja el peligro de la anulación de las pruebas que incriminan a la familia Pujol a raíz del desgraciado incidente del pendrive aportado de malas maneras por la policía al margen de la UDEF. El primogénito fue el primero en ser investigado y ahora es el primero que ingresa en prisión. De manera que todos los esfuerzos de la familia por exculparle parecen ser baldíos a los ojos del juez instructor, José de la Mata, que consigue llevar adelante el caso a pesar de algunos incidentes indeseables en la actuación policial. De esta manera, la estrategia de los Pujol de trasladar toda la responsabilidad al hermano mayor confiando en la posterior anulación de las pruebas que le inculpan entra en una vía muerta.