El diputado de Ciudadanos Toni Cantó le dijo a José María Aznar en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la financiación irregular del PP que le hubiera gustado verlo más humilde. Pero eso es como esperar que el sol salga por el oeste. El expresidente del Gobierno compareció en su versión más genuina. Lo negó todo (fuera lo que fuera) y aprovechó para arremeter contra sus interrogadores y para enchufar el ventilador y esparcir acusaciones contra sus adversarios.

Las cuatro horas y cuarto de respuestas a los diputados podrían resumirse así: Aznar negó que en el Partido Popular hubiera una caja B, pese a que la sentencia del caso Gürtel que provocó la salida de Mariano Rajoy del Gobierno da por acreditado que el partido tenía «una estructura financiera y contable paralela a la oficial»; rechazó que las iniciales J. M. de los papeles de Bárcenas se refieran a él, que, dijo, nunca ha recibido ni ordenado ningún ingreso ilegal; afirmó que las anotaciones en esos papeles «carecen de fundamento», pese a que algunos beneficiados han admitido los cobros, y aseguró que no conocía ni contrató a Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel condenado a 51 años, aunque fue uno de los invitados a la boda de su hija.

No se contentó con las negativas. Aznar es capaz de repetir que la sentencia de la Gürtel aún no es firme y quejarse de que en España hay presunción de culpabilidad en lugar de presunción de inocencia y a continuación llamar «golpistas» a los líderes independentistas presos que ni siquiera han sido juzgados; dar por supuesto que Podemos se financia a través de Venezuela o Irán; sacar a relucir el caso Filesa o el de los ERE de Andalucía con valoraciones muy poco jurídicas, o burlarse de la venta de armas a Arabia Saudí al tiempo que niega por enésima vez que España participase en la guerra de Irak. Arropado por la plana mayor del PP --Pablo Casado lo cubrió de elogios--, Aznar mantuvo duros enfrentamientos con Gabriel Rufián, cuyo histrionismo se le vuelve en contra, y Pablo Iglesias, a quien llegó a acusar de ser «un peligro para la democracia».

Ante este espectáculo, tan previsible como poco edificante, cabe preguntarse una vez más si las comisiones de investigación parlamentarias sirven para algo cuando las responsabilidades políticas están ya sustanciadas y las judiciales aún no se han pagado. La respuesta es sí: sirven al menos para dejar en evidencia a los comparecientes.