La ronda de consultas cara a la investidura de Pedro Sánchez culminó ayer jueves con la audiencia de Felipe VI al presidente del Gobierno en funciones. La investidura de Sánchez ha quedado allanada tras la declaración de la representante de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que garantizó que los diputados de su formación presos --Jordi Sànchez, Jordi Turrull y Josep Rull-- no iban a renunciar al acta. La Mesa del Congreso, tras el pertinente informe de los letrados, mantuvo la mayoría absoluta del Congreso en 176 escaños, pero, como los diputados suspendidos no pueden votar, la mayoría simple queda fijada ahora en 173 votos.
En su reunión con el Rey, Albert Rivera confirmó que no facilitará la investidura con una abstención. Ante esta situación, Sánchez necesita la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para ser investido en la segunda vuelta con los votos del PSOE, Unidas Podemos, el PNV, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria. Sin embargo, UPN exige para abstenerse que el PSOE facilite el Gobierno de la derecha en Navarra. Esta pretensión choca con la intención del PNV de gobernar en Pamplona con los socialistas y la abstención de EH Bildu. La Moncloa se inclina por la primera solución, a la que se oponen los socialistas navarros. Es decir, aunque la rebaja de la mayoría simple facilita la investidura, el puzle está lejos de estar encajado, dado que tampoco hay acuerdo con Unidas Podemos. Lo razonable es que la gobernabilidad y la estabilidad primen sobre las posiciones partidistas y para ello Pedro Sánchez debe negociar ahora con tiento en todas direcciones.
