El estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el afán de minimizar el avance de la pandemia y de establecer normas estrictas que afectan a la movilidad, a la seguridad, al transporte y, entre otros, al abastecimiento general de la población, implica sobre todo un esfuerzo ciudadano. El Gobierno asume medidas importantes y nunca vistas, pero insiste en que los límites a la vida cotidiana y a la libertad de movimientos son la base sobre la que fundamentar esta lucha. Y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad máxima de insistir en este punto.

Más allá del control y las sanciones que ha previsto el Ministerio del Interior para los casos en los que se infrinjan las instrucciones dadas, es en el esfuerzo ciudadano donde hay que poner el énfasis. Lo que transmiten las directrices oficiales es claro: quedarse en casa. No se tendría que recurrir a la picaresca o a una lectura laxa del decreto con el afán de entender las salvedades como oportunidades. Quedarse en casa quiere decir no salir sino en circunstancias inevitables. ¿Pueden sancionarse conductas improcedentes? Por supuesto. Las sanciones existen para castigar el delito y disuadir de su comisión.

Para aumentar las garantías de éxito, es necesario mantener una unidad de acción entre administraciones, más allá de disputas partidistas, de quejas de las autonomías o de las críticas hacia el real decreto. Sánchez valoró ayer, tras la Conferencia de Presidentes, que la respuesta conjunta de los responsables autonómicos fue que actuarán «con responsabilidad y lealtad».

En el confinamiento de la población debe imperar la calma y el interés colectivo, por encima de temores o ganancias egoístas. Solo así se podrá hacer frente a un reto colosal como el que tenemos entre manos.