La primera semana de julio salió publicado un Real Decreto por el que se aprobaba una Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria y adicional. Un Real Decreto que ha sido convalidado hace pocas fechas por el Congreso.
Una OEP en la que, por primera vez después de mucho tiempo, se han tenido en cuenta los diagnósticos realizados por UGT y el resto de sindicatos sobre las necesidades más urgentes que deberían satisfacerse para paliar, de alguna manera, el deterioro que están sufriendo determinados servicios públicos, deterioro que podría incluso llegar a colapsarlos. Una oferta, a la que el Gobierno se ha encargado de publicitar a bombo y platillo en todos los medios de comunicación. Pero, desde luego, sin desmerecer los aspectos positivos de la misma, a los que más tarde volveré, es necesario también, relativizar y contextualizar, como sucede con otras cuestiones. No todo es blanco o negro, sino que la realidad está repleta de tonalidades grises.
Pongamos por ejemplo la última Encuesta de Población Activa (EPA) con unos resultados globales que podemos considerar positivos. En ella, se refleja un incremento del número de personas ocupadas, creándose empleo a un ritmo superior a los países de nuestro entorno, lógico si tenemos en cuenta que España es el país de nuestro entorno en el que más empleo se destruyó. ¿Debemos alegrarnos porque haya ahora más gente ocupada por fin? Sí. ¿Debemos alegrarnos porque el empleo siga siendo tan precario? No.
Lo mismo pasa con el dato del Producto Interior Bruto (PIB), con el que el Gobierno está sacando pecho por la continua modificación al alza que se está pronosticando. Este año, al parecer, también puede sobrepasar el 3%, como lo ha hecho en los dos años anteriores. Un incremento del cual el Gobierno se jacta diciendo que va a ser el mayor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero también es cierto que España ha sufrido el mayor decremento durante los años de crisis. ¿Debemos alegrarnos porque este incremento supondrá una mayor riqueza para el país y por consiguiente una mejora en el empleo? Sí. Sin embargo, si ese incremento únicamente se traduce en mejorar los excedentes empresariales y no se traslada a los salarios de todos los trabajadores, ¿nos debemos alegrar? No.
Por tanto, tenemos que preocuparnos, en primer lugar, por resolver los problemas reales de las personas y, luego, vender bondades y no al contrario, que es lo que se está haciendo desde el Ejecutivo.
Volviendo a la OEP, es de destacar el incremento neto de empleo público, escaso, pero incremento al fin y al cabo, lo que supone un punto de inflexión. No hay que olvidar que en los últimos cinco años se han perdido más de cuatrocientos mil puestos en el sector público, por lo que vuelve a ser necesario relativizar y contextualizar y primar la resolución de los problemas antes que vender productos.
Como antes comenté, el Gobierno en esta ocasión no ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones sindicales, como nos tenía acostumbrado, asumiendo la existencia de necesidades imperiosas en determinados sectores por la destrucción de empleo público. Que se lo digan a las personas que tienen que asistir a las oficinas del servicio público de empleo estatal o, a los/as ciudadanos/as del norte de la provincia de Castellón con la problemática en la expedición y renovación del DNI. Que se lo digan a las autoescuelas por la falta de examinadores o a los trabajadores que tengan que recalar en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), unos trámites que ahora llegan a resolverse a los 18 meses.
Por tanto, esta Oferta de Empleo Público creeremos que va en la senda correcta. Ahora bien, es necesario afianzarla, garantizando su continuidad en sucesivos años y, por supuesto, teniendo su reflejo en las diferentes ofertas de las comunidades autónomas, aunque en la nuestra tenemos un problema añadido: la infrafinanciación histórica de la misma, pero eso, es harina de otro costal.
*Secretario intercomarcal de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) UGT País Valencià
