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Una semana después de las elecciones del 26-J, Mariano Rajoy se dispone a iniciar los contactos con las demás fuerzas políticas para intentar un pacto de investidura. Esta vez, obligado por el mejor resultado electoral, el presidente del Gobierno en funciones no puede renunciar a intentarlo, como hizo tras el 20-D. Las dificultades, sin embargo, serán considerables y se verá obligado probablemente a revocar o a retocar parte de las reformas de la legislatura de la mayoría absoluta, rechazadas por la oposición.

El talante de Rajoy ha cambiado algo. Los números, sin embargo, siguen sin salir, porque, pese a su ganancia de 14 escaños, el PP tiene la menor mayoría para gobernar desde la Transición. La ronda se inicia con los partidos menores -Coalición Canaria (CC) y posiblemente después el PNV-, que van a exigir a Rajoy cambios en la ley de educación y en la reforma laboral, pactos sobre las pensiones y la financiación autonómica, en el caso de CC, y mayor autogobierno e iniciativas para gestionar el fin de ETA en el del PNV. Estas concesiones puede que solo sirvan para lograr la abstención de ambas formaciones.

Mariano Rajoy sabe que al final la decisión de su investidura depende del PSOE, que sigue manteniendo que votará en contra y que ni siquiera se abstendrá. Pero como al mismo tiempo Pedro Sánchez repite que no va a haber terceras elecciones, algo habrá que hacer. Algún indicio saldrá de la reunión de Sánchez con los barones y del comité federal socialista del próximo sábado. El PSOE tiene en su mano poner un alto precio y controlar la legislatura desde la oposición. Y ese precio debería ser la reforma constitucional, para abordar la cuestión catalana, además de cambios sustanciales en las reformas laboral y educativa y también en la política social.

No se puede olvidar que esta es también la semana en que la Unión Europea, que reclama un Gobierno rápido y estable en España, puede activar el procedimiento sancionador por el incumplimiento del déficit en el 2015, tras el indulto temporal al Gobierno en funciones y la prórroga hasta el 2017 para corregir el exceso a cambio de recortes de 8.000 millones. La sanción quizá sea simbólica o inexistente, pero Bruselas, mientras, presiona así a Rajoy e indirectamente también al PSOE.