Un mantra bajo el que el independentismo catalán ha edificado su discurso separatista ha sido la cerrazón de Madrid respecto sus demandas. Convergencia y ERC en su momento, como hoy el PdeCat, han personificado el inmovilismo en Mariano Rajoy, estuviera en la oposición o en el Gobierno. Pero ayer algo se movió en Madrid, primero en el consejo de ministros extraordinario y después en la jugosa sesión del Congreso para valorar el remedo de consulta por la indepedencia de Cataluña y el alborotado e inescrutable papel adoptado entonces por la Generalitat catalana.

Rajoy podría haber elegido creer que Carles Puigdemont declaró la independencia el martes y anunciar a las bravas la aplicación del artículo 155, como le exige un rigorista Albert Rivera. Pero Rajoy, como Puigdemont antes que él, apostó por ganar tiempo. Así cabe entender su requerimiento al presidente catalán de que aclare si ha declarado la independencia, ofreciéndole incluso rectificar antes de poner en marcha la maquinaria. Le da ocho días, todo un mundo ante tanta tensión.

Más trascendental fue el anuncio del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: el acuerdo con Rajoy para debatir la reforma de la Constitución. La insistencia en este punto de Sánchez, en precario por la presión de su propio partido y de Podemos a su izquierda, ha dado finalmente frutos, al sumar al PP. Cabe felicitarse por ello, ya que es dentro de este marco político donde se puede hallar una salida al conflicto catalán, no en la unilateralidad inconstitucional del soberanismo.

Cierto que la desconfianza es alta, pero Puigdemont podría haber declarado la independencia con todas las letras y no lo hizo, y Rajoy podría haber activado el artículo 155 y no tampoco lo ha hecho. El margen aún es muy estrecho, apenas una baldosa, pero es más de lo que había hace 48 horas, asomados al abismo. Es la hora del deshielo, de la política y de la responsabilidad. Es la hora de dialogar, siempre dentro de la ley, y con la buena voluntad de todas las partes. Ayer fue muy llamativa la negativa del portavoz de ERC, Joan Tardá, a participar en la comisión parlamentaria desde la que se impulsaría esa reforma constitucional. ¿De verdad tienen voluntad de dialogar quienes admiten que forzaron el reglamento del Parlament para imponer una legislación prorreferéndum y ahora ni siquiera se sientan a la mesa con el resto de fuerzas democráticas?