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El hecho sin precedentes de que España lleve casi tres meses con un Gobierno en funciones no debe implicar el menoscabo de uno de los principios más genuinos de la democracia: el control del Ejecutivo por el poder legislativo. La negativa de Mariano Rajoy a comparecer en el Congreso amparándose en que la ley dice que un Gobierno en funciones debe limitarse al “despacho ordinario de los asuntos públicos” es una estrategia filibusterista que entraña un desprecio a los representantes elegidos por los ciudadanos. Acogerse a una interpretación restrictiva de la norma para eludir el control durante esta prolongada interinidad dice mucho del talante del PP, muy parecido al de Rajoy cuando declina pedir a la Cámara su investidura y espera que otros grupos se la acaben facilitando por sentido de la responsabilidad. El rechazo a explicar los polémicos acuerdos del Consejo Europeo sobre el trato (innoble) a los refugiados ha sido reconducido con la aceptación por Rajoy de defender, hoy en Bruselas, el acuerdo unánime de los grupos contra esas medidas. Pero Moncloa mantiene la resistencia a dar explicaciones, y el presidente de la Cámara no descarta instar un conflicto ante el Constitucional. Sería toda una paradoja que Rajoy acabase ante una instancia a la que tan a menudo ha acudido a buscar cobijo político.