Este febrero se anuncia particularmente intenso en el ámbito judicial, donde se ventilan muchos de los casos de corrupción que afectan al sistema institucional español. Con este telón de fondo van a seguir las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno, que entre otras cosas, aborde la perentoria limpieza del sistema. El lunes se conoció que el exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Caja Madrid-Bankia y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional por el lacerante caso de las tarjetas opacas de la entidad bancaria. Miguel Blesa, su predecesor y amigo íntimo de José María Aznar, estará junto a él, además de otros 64 directivos que se apropiaron de 15,5 millones de euros en gastos suntuarios -por decir algo suave- ocultos al fisco.

El caso de las tarjetas muestra de forma descarnada la cara de la corrupción y la codicia. El funcionamiento de una entidad regida por amigos de los gobernantes y que ha costado a los españoles, en el caso de Bankia, un rescate de 22.424 millones de euros. Rato, que en los años 90 lo fue todo en este país, se nos aparece hoy como un truhán, el símbolo de una España que hay que dejar atrás, eso sí, tras haber dirimido todas las responsabilidades penales.