La pasada semana los grupos parlamentarios con representación en Les Corts, con la única excepción de Vox, llegamos a un acuerdo para sentar las bases de las medidas necesarias, de mínimos, para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana que tan dañada está quedando por el covid-19. Estamos hablando de medidas sanitarias, sociales, económicas. En definitiva de proteger, de ayudar, de empleo, de apoyo a autónomos y pymes, de la salud y los derechos sociales de las personas.
La idea nació del grupo parlamentario popular, que el 23 de abril del 2020 presentó la necesidad de la puesta en marcha de una comisión de estudio para presentar un proyecto de reconstrucción a los valencianos y que fuera ejecutado por el Consell. El objetivo era claro, medidas y respuestas ante la crisis, dado el inmovilismos del Consell de Puig a la hora de tomar decisiones. Sin embargo había algún aspecto que no se podía olvidar, el verdadero coste económico y social del covid-19, no puede medirse en euros ni en cifras. Se trata de personas, hombres y mujeres, que han visto arrebatado su proyecto de vida por el virus, y que son la personalización de la consecuencia de la pandemia. Se trata, hasta la fecha, de 1.481 valencianos, mujeres y hombres, que han pagado con su vida las dramáticas consecuencias de esta pandemia, y a las que ninguna reconstrucción les podrá devolver a la situación previa de principios de 2020. Con ese recuerdo es con el que debe iniciarse los cimientos de la recuperación.
En el ámbito económico los datos no pueden ser más elocuentes, un total de 426.638 valencianos y valencianas, se han visto afectados por un expediente temporal de empleo (ERTE), producto de 66.350 expedientes tramitados hasta la fecha. Por otro lado, según encuesta de población activa (EPA), en la Comunitat en el segundo trimestre de 2020 el paro aumentó con 42.500 desempleados más, debido al impacto de la crisis del coronavirus, lo que supone un 12,18% más que en el trimestre anterior y sitúa la tasa de paro en el 16,74% hasta las 391.000 personas, mientras que en este periodo se han destruido 128.600 empleos.
Los datos industriales también dejan patente la magnitud de las secuelas de la pandemia, con una caída del índice de producción industrial del 37,1% en la Comunitat frente a la media española del 33,6%. Para hacernos una idea del tamaño de la gravedad, en abril de 2009, en plena crisis de 2008, la caída del índice de producción industrial fue del 28,4%.
En el ámbito social, la pobreza en la Comunitat podría afectar, según Oxfam Intermón, a 76.120 personas lo que supondría un incremento del 5,94%. Por otro lado, la pobreza infantil podrá llegar al 33 % en la Comunitat Valenciana debido a la crisis económica por el covid-19, advierte Save the Children en el informe que recoge que cerca del 48% de las familias estima que el impacto de la pandemia en sus economías domésticas será «negativa y duradera».
Con todos esos datos, y sin perder la vista a la memoria de quienes han fallecido, es momento de devolver a nuestros profesionales sanitarios la dignidad que con aplausos todos exteriorizábamos. Mientras desde las ventanas todos aplaudíamos, la dirección del Hospital Provincial de Castellón congelaba las subidas salariales desde 2017 a sus profesionales. Un 5,5% de su sueldo era metido en el congelador y no entregado a sus verdaderos destinatarios.
Es la hora de empezar a moverse, de poner en marcha medidas y recursos a favor de nuestra actividad económica y la protección social. Es la hora de proteger a los profesionales sanitarios en esta segunda oleada, es en definitiva la hora de los valencianos que aspiran a tener una Comunitat mejor que la de los últimos meses. H
*Diputado del PP en Les Corts
