Hablar del día después es importante, pero lo primero que deben hacer los gobernantes es ocuparse del presente y ayudar a los profesionales sanitarios que aún van a trabajar sin protección y a todos aquellos que siguen al pie del cañón para garantizar la tranquilidad y el abastecimiento en estos momentos tan duros. Mientras hay decenas de fallecidos a diario y miles de enfermos luchan por salir adelante, algunos solo parecen estar pendientes de salvarse políticamente y lanzar señuelos como los hipotéticos futuros pactos de la Moncloa o enviar mensajes a otros mandatarios de regiones europeas para desviar la atención sobre las malas cifras y su fracaso en la gestión del coronavirus. La inacción, las mentiras y las decisiones erróneas están costando vidas humanas y pueden terminar por hundirnos económicamente si no se toman las decisiones adecuadas. Los ciudadanos estamos cansados de escuchar ocurrencias por parte de una izquierda desorientada, sin ningún tipo de concreción.
Para resolver la crisis que se nos avecina, el Gobierno --tanto a nivel nacional como autonómico-- debería fomentar el diálogo social y políticas liberales, porque el mejor escudo social es el empleo. Este Gobierno incapaz tiene que creerse de verdad que necesita a todos para sacar el país adelante, a la oposición, a las autonomías, a los ayuntamientos y a los agentes sociales.
En concreto, desde el punto de vista económico, debería ponerse en marcha a nivel nacional un plan de choque inmediato en el que, como ha propuesto Pablo Casado, se recogiera una paga extra a profesionales sanitarios en los meses de alarma por riesgo de contagio y esfuerzo laboral, y duplicar sus cotizaciones hasta superar la pandemia. También pagar el sueldo bruto durante el estado de alarma a trabajadores de sectores esenciales (no pagar IRPF y cotizaciones). La condonación del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España a herederos de los fallecidos por covid-19. Exención de cotizaciones a autónomos y de impuestos a pymes paralizadas hasta un mes después del estado de alarma. Garantizar la seguridad jurídica en los ERTE, agilizar el pago de prestaciones y cubrir desde el Estado el coste por cierre económico ante la ineficacia del permiso y vacaciones remuneradas.
El aplazamiento voluntario del pago de impuestos a cualquier afectado por la pandemia y compensación de pérdidas de 2020 en el Impuesto de sociedades previo. La devolución de los 281 millones de euros de IVA adeudados a la Comunitat Valenciana (2.500 a todas las comunidades autónomas) y el refuerzo del fondo de contingencia para gasto sanitario. Las comunidades autónomas tienen que gestionar las ayudas europeas por despidos, los incentivos económicos a empresas para mantener empleo y las rentas de emergencia (recursos públicos a quien lo necesite).
Los ayuntamientos tienen que recuperar los 700 millones que se les debe y la posibilidad de bajar impuestos a emprendedores. También se debería garantizar la liquidez inmediata e ilimitada para evitar cierre de empresas y la reducción de todos los costes fiscales, laborales y burocráticos. Por último, un plan de flexibilización y competitividad: reforma de leyes de segunda oportunidad, de emprendedores, de unidad de mercado y concursal, y planes específicos para los sectores turístico, industrial, comercial y exportador. Son medidas concretas y claras que deberían aprobarse con carácter urgente.
Por último quiero mostrar nuestra plena solidaridad con los enfermos y, sobre todo, con las familias de los fallecidos, a los que expresamos todo nuestro apoyo. Con el esfuerzo de todos lograremos reducir este drama. Un fuerte abrazo en este Jueves Santo tan especial y ánimo.
*Presidenta del PPCV
