Una nación política la constituyen un conjunto de ciudadanos libres e iguales que conforman un sujeto de soberanía a través del cual se dotan de leyes democráticas. Por tanto, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y en consecuencia gozan de los mismos derechos. Culturalmente, España es una nación en la que conviven diversas culturas, lenguas y tradiciones, lo que es enriquecedor. Creemos en una España reformada en la que quepan todas las sensibilidades, pero sin renunciar a la igualdad. Sin embargo, el nacionalismo pone los derechos de los territorios por delante de los ciudadanos y ese es un modelo incompatible con el espacio de centro liberal y progresista que representamos.

Por ello, necesitamos un Consejo General del Poder Judicial nombrado por el Congreso y el Senado con convocatoria y evaluación de mérito pública. El Gobierno no debe señalar con el dedo a sus magistrados sin ningún pudor. Otra reforma necesaria es la del sistema electoral. Es imprescindible desbloquear las listas para que no sólo se puedan elegir partidos, sino a las personas que queramos que nos representen. El poder de elegir debe ser de los ciudadanos y no de los partidos, pudiéndose pedir una mayor rendición de cuentas. Otra prioridad es modificar el voto desde el extranjero para que se haga de forma ágil y efectiva.

Es inconcebible que nuestro voto para elegir a quién nos represente valga más o menos por el simple hecho de venir de unos u otros territorios. Asimismo, cabe destacar que esta ley ha penalizado durante años a las fuerzas alternativas al bipartidismo, convirtiendo en la práctica un sistema supuestamente proporcional en uno casi mayoritario, y distorsionando las preferencias de los ciudadanos expresadas mediante el voto.

*Diputada nacional de Ciudadanos por la provincia de Castellón