Querido lector/a, si en estos momentos el objetivo prioritario de la política aún es el de implementar medidas que ayuden a generar empleo, el siguiente, y también por urgente necesidad, es reforzar y reformar el sistema público de protección social. Afirmación que, además de señalar que la recuperación económica no está llegando a todas las personas, y son muchas las que sufren (desde la reforma laboral del 2012) un mercado de trabajo más precarizado que nunca, denuncia que también son víctimas de una insuficiente protección social que necesita importantes reformas. Realidad esta que hace que el sistema de protección social de España sea uno de los que peores resultados consigue dentro de la Unión Europea.
Para hacer comprensible la situación, detallaré algunas de las propuestas que se aconsejan, pero no llegan. Por ejemplo: la llamada recuperación mantiene en la pobreza a jóvenes, mujeres o parados de larga duración, y reclama una derogación de la reforma laboral y un desempleo que proteja a todos los parados (ahora no llega al 50%). Las rentas mínimas de las CCAA son insuficientes y exigen complementarlas con una mínima estatal. Para que el sistema público de pensiones cumpla su función social, además de aunar recursos para lograr el equilibrio financiero, debe mantener la calidad. Es decir, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Garantizar atención a la dependencia reclama aumentar la financiación para asignar la plena implantación. Para acabar, debo recordar que defender la universalidad, equidad y calidad del sistema público sanitario obliga a acabar con los recortes que solo benefician a la privada e impiden que se garantice a todas las personas el derecho a la salud.
Se trata de reforzar el sistema público de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad. Algo que, posiblemente, tengamos derecho por el hecho de nacer.
*Experto en extranjería
