En medio de la impresentable bronca política entre diputados y bajo el impacto de la noticia de que los siete miembros de los Comités de Defensa de la República detenidos en la operación Judas habían sido enviados a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el Parlamento de Cataluña regresó el jueves a la estéril senda del choque institucional. La institución aprobó unas resoluciones que avalan la desobediencia como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes políticos y sociales del procés, que instan a impulsar la amnistía de los presos y la autodeterminación de Cataluña y que exigen la salida de la Guardia Civil de territorio catalán. Siguiendo un guion que ha tenido nefastas consecuencias en el pasado, el Gobierno central anunció ayer que piensa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) estos acuerdos. Dos tribunales, tanto el TC como el TS, que el Parlamento catalán, en otra resolución aprobada, afirma que rechaza porque forman parte de las «imposiciones antidemocráticas del Estado español».
Resulta preocupante que cuando todavía no se conoce el fallo la tensión (a nivel verbal y político) haya regresado tanto en Barcelona como en Madrid. En el la cámara catalana fueron lamentables las escenas que protagonizaron diputados del bloque independentista y de Ciutadans y del PP. Además, algunos discursos fueron impropios del mínimo respeto democrático. En Madrid, los partidos de la derecha y cierta prensa han equiparado al independentismo con el terrorismo de ETA a cuenta de la operación Judas, una hipérbole injusta.
