En los últimos meses hemos asistido impotentes al aterrizaje de fondos buitre en el Raval Universitari de Castelló. Estas sociedades de inversión se han visto espoleadas por las políticas del anterior Gobierno del PP, que priorizó durante la crisis el rescate a los bancos frente al derecho a la vivienda de miles de personas. Estos fondos adquieren antiguas Viviendas de Protección Pública y expulsan a familias de clase media que tenían arraigo al aumentarles el alquiler o negarse a renovarles el contrato. Solo les mueve el negocio y no tienen ningún miramiento. Prefieren tener vacía la vivienda que continuar con el alquiler a un precio razonable.
Los ayuntamientos nos encontramos por ahora indefensos por la falta de competencias para frenar unas prácticas alentadas por la política económica de los Ejecutivos del PP. Hay que destacar la acción de los movimientos sociales, como el Sindicato de Llogaters o la PAH, que, con mucha dignidad, lideran la lucha contra los fondos buitre.
La ampliación del parque social de alquiler es una necesidad apremiante. El 70% de los desahucios se producen actualmente por impagos en el alquiler. Los nuevos gobiernos de coalición de izquierdas en Madrid y València se presentan como una oportunidad para poner coto a los desequilibrios en el mercado inmobiliario y garantizar el derecho constitucional de la vivienda. El Gobierno ya ha anunciado nuevas leyes que regulen este mercado. También ampliará la moratoria de los desahucios incorporando los casos de alquiler en situaciones de vulnerabilidad.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana impulsará antes del verano la ley de control de precios, una medida que otorgará a los ayuntamientos facultades para limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. Será una medida que frenará las distorsiones y abusos en el mercado del alquiler mientras se trabaja en la ampliación del parque social de vivienda.
También destacamos que este año el Gobierno aprobará la primera ley estatal sobre acceso a la vivienda, que establecerá unas condiciones mínimas de entrada a los hogares.
Por último, confiamos en el desarrollo de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Generalitat, con medidas de inspección y sanción para movilizar viviendas de grandes propietarios que lleven vacías más de 12 meses.
*Concejala de Vivienda de Castelló
