El Gobierno lo llama un «relator», y sus funciones, tal y como las define el Ejecutivo central, se asemejan mucho a las de un notario. Se trata, en cualquier caso, de la última oferta del Gobierno para desbloquear el apoyo de los independentistas a los presupuestos, un «relator» que se incorpore a la mesa de los partidos catalanes (que ayer celebró otra reunión) y que pueda dar fe de lo que allí se trata, «tomar notas», según el Gobierno. La figura, definida en estos términos, está lejos del «mediador de carácter internacional» que garantice el cumplimiento de los acuerdos, como pide el ala dura de Junts per Catalunya, pero en principio satisface a ERC y al PDECat. Al menos, confían en el gabinete de Pedro Sánchez lo suficiente como para que retiren las mociones a la totalidad a los presupuestos y permitan su tramitación. Y, con ello, ganar tiempo.
El fedatario, tal y como lo concibe el Ejecutivo, no participaría en las reuniones bilaterales Gobierno-Generalitat, lo cual difícilmente contentará al núcleo que orbita alrededor de Waterloo. De la misma forma, aunque por razones opuestas, la propuesta despierta las críticas de la derecha española, que ven una rendición en cualquier gesto de distensión. Pero es eso precisamente lo que el relator es, un gesto del Gobierno hacia los independentistas catalanes, justo lo que estos le solicitaban para negociar las cuentas de este 2019. Un notario de este tipo no va a solucionar la crisis, pero abre nuevos caminos y posibilidades para que la vía política, muy incipiente, fructifique.
