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La crisis bancaria llegó a España con retraso, pero lo hizo de forma avasalladora. Durante los primeros meses, las entidades financieras, y el propio Gobierno, redoblaron el mensaje tradicional de que la banca española era de las más sólidas del mundo. Pero luego se vio que no era así, porque junto a entidades robustas había otras, singularmente cajas de ahorros con los pies de barro.
El rescate por parte del Estado fue poco menos que obligado, no tanto para salvar a unas entidades que habían gestionado de forma irresponsable sus recursos como para evitar daños cataclismáticos a los clientes que en ellos tenían sus ahorros. El coste de esa operación fue enorme, y pese a que el cálculo se puede efectuar con distintos baremos, el más objetivo fija en 53.553 millones de euros el dinero público (de los contribuyentes) inyectado en las venas de los bancos. Y aunque el Gobierno insistió en que todo ese dineral se recuperaría, los más escépticos están viendo confirmados sus temores, porque solo han sido devueltos 2.686 millones y se prevé recuperar a lo sumo unos 15.000 millones más. Dos tercios del rescate, nunca serán retornados. Una realidad muy dolorosa -los recortes sociales siguen vigentes- que solo podría aliviar la seguridad de que nunca más habrá una operación de esta naturaleza. ¿Es así? H
