Más allá de la retórica épica, los socios del Govern (ERC y Junts per Cataluña) y la CUP no encuentran por el momento la forma de articular en al ámbito institucional una respuesta unitaria a las condenas de cárcel a los líderes políticos y sociales del procés. Reaparecen de nuevo las tensiones ya conocidas en estos años: el eterno pulso político entre los dos rivales en la lucha por la hegemonía dentro del bloque independentista y la presión de la CUP.

La división del independentismo reapareció ayer tras unas semanas en sordina, a la espera de la sentencia. Mientras el president Quim Torra repetía en el homenaje Companys el mantra del «lo volveremos a hacer», en el Parlament se acordaba que el pleno extraordinario que se celebrará el jueves para debatir la reacción a la sentencia no someterá a votación ninguna propuesta de resolución.

Esta línea de acción prudente está abanderada por ERC, que no quiere exponer a riesgos penales al presidente del Parlament, Roger Torrent, y contradice la intención anunciada por Torra en el debate de política general de que sea la Cámara legislativa la que articule la respuesta institucional al fallo. De nuevo, como en el otoño del 2017, el independentismo se divide entre quienes abogan por la prudencia y quienes pretenden pisar el acelerador. La responsabilidad del Parlament y del Govern es intentar rebajar la tensión sin que ello implique que deban renunciar al legítimo derecho a la protesta quienes lo consideren oportuno. Las escenas de injustificable violencia por parte de radicales y las cargas policiales de estos días prueban que la situación es inflamable.