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Opinión

 

Responsabilidad de todos

 

Este periódico editorializaba ayer mismo sobre la urgente necesidad de abandonar actitudes maximalistas o discusiones estériles y centrarse en lo importante, que es velar por la salud de los ciudadanos. Conviene que las administraciones pongan todo de su parte para transmitir un mensaje de concreción, eficiencia, seguridad y colaboración mutuas, más allá de pormenores jurídicos o disputas competenciales, y para que la demora en el confinamiento del Segrià no derive en un aumento de casos, como así han avisado los científicos. Los especialistas en derecho constitucional, por su parte, se han dividido a la hora de analizar la actuación del juzgado de guardia de Lleida. Hay quienes han visto, en la evolución del confinamiento perimetral al domiciliario ordenada por la Generalitat catalana, una usurpación de funciones que solo corresponden al Gobierno central, previa aprobación del Congreso, para un asunto tan delicado que afecta a derechos y libertades previstos en la Constitución. Por otro lado, hay quienes defienden que la Generalitat catalana tenía el derecho de promulgar esas medidas radicales, en beneficio de la salud colectiva. Que tenía en su mano instrumentos jurídicos suficientes, como también alega el Gobierno, para imponer una situación excepcional. No se trataba tanto de una restricción como de una suspensión, un matiz legal decisivo en este caso y que, en cierta manera la propia jueza de Lleida admite cuando propone confinamientos que no sean generales sino con una menor incidencia en el total de la población.

Ante la disyuntiva de recurrir el auto o de emprender un nuevo camino legal para fortalecer el marco jurídico de la decisión, el Govern ha optado por aprobar un decreto ley que modifica la ley 19/2009 de Salut Pública y que, a partir de ahora, regulará las medidas a tomar en los posibles rebrotes. La gran novedad es que «en ningún caso se pueden prohibir los desplazamientos con carácter absoluto», lo que evita, en la práctica, una disputa sobre el derecho de libre circulación. La resolución aprobada en función de este decreto, que también requiere de una ratificación judicial, tendría que haber entrado en vigor esta medianoche y, en atención a la racionalidad esgrimida, y a la urgencia de la situación, es de esperar que reciba el visto bueno. Es parecida, en este sentido, a la que ya se aplica en Zaragoza y Huesca, un retorno flexibilizado a etapas de prevención que ha de servir para intensificar el rigor y seriedad que, en determinados momentos, se han olvidado en la desescalada.

La situación en Lleida es complicada y, en los centros de salud del resto de Cataluña se viven momentos de «prealarma», mientras se dan casos graves como en L’Hospitalet --donde se ha limitado la movilidad con medidas especiales para tres barrios-- o se triplican los nuevos contagios en Barcelona.

Y no hay que olvidar que los dos brotes que permanecen activos en la provincia de Castellón, el último en Burriana, con cuatro afectados, que se suma al de Castelló, se sospecha que han podido tener su origen en Lleida.

Es preciso hacer un llamamiento a la ciudadanía para que, más allá de las exigibles medidas oficiales, extreme las precauciones individuales y colectivas. No estamos ante un simulacro sino en la antesala de una posible oleada epidémica que solo se podrá combatir con civismo y responsabilidad.