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Opinión

 

Editorial

Una respuesta proporcional ante el desafío catalán

 

16/09/2017

La respuesta del Gobierno de España al anuncio del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no enviar al Ministerio de Hacienda una justificación semanal de los gastos de la Generalitat de Cataluña no ha podido ser más acertada y proporcional: tomar el control de la caja y pagar directamente las nóminas a los funcionarios catalanes, así como las subvenciones públicas que reciben familias y empresas catalanas desde su administración autonómica. Es la única forma que tiene el Estado de garantizar que no se destina partida alguna a ningún fin ilegal, como es el referéndum del 1 de octubre, y de hacerlo sin alterar el statu quo autonómico actual. Con esta fórmula, el Gobierno mantiene el abono de los servicios que reciben los ciudadanos, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan, dentro de la legalidad, preservando el autogobierno catalán y sin aplicar el artículo 155 de la Constitución, que supondría un control político y no solo económico de la autonomía. La medida anunciada ayer por el ministro Cristóbal Montoro va acompañada de una orden que requiere al presidente Puigdemont que en 48 horas comunique un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto.

La desobediencia de los actuales mandatarios catalanes merecía una réplica así porque está alcanzando cotas de difícil retorno, con decisiones que ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos, la actividad económica y la solvencia ante los socios europeos ya no solo de Cataluña, sino del conjunto de España. En la espiral de confrontación puesta en marcha por el Ejecutivo independentista la nueva línea roja traspasada por Junqueras es de inusitada trascendencia, pues no afecta a cargos electos o ejecutivos que aceptan voluntariamente desairar al Tribunal Constitucional, sino que puede causar serios perjuicios a personas, instituciones y empresas sin que tomen ninguna decisión. Estamos, pues, ante la primera decisión efectiva de la Generalitat en nombre del 1-O que supone una especie de toma de rehenes ciudadana, sin discriminar a quienes dan apoyo a los delirios secesionistas y a quienes no lo hacen, y que en la práctica parece una provocación más para buscar la suspensión total de competencias a la Generalitat por parte del Gobierno. Una posibilidad que se atisba en el horizonte y que por ahora no se ha producido, aunque ayer el presidente Mariano Rajoy afirmara, con tono grave: «Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar».

 
 
3 Comentarios
03

Por jps 17:24 - 16.09.2017

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Más contundencia y antes , ahora quizás es un poco tarde. Si uno ve la televisión pública de catalunya al servicio de los partidos separatistas se queda alucinado viendo programas informáticos interminables con un presentador que se ríe de todo lo que hace el Estado español diciendo que en todo el mundo les dan la razón.. diciendo que los demócratas son ellos y la legalidad sólo la tienen ellosy rodeado de cuatro palmeros diciendo lo mismo , vamos cree uno que está en Venezuela escuchando la tv de Maduro

02

Por vicentboschipaus 13:07 - 16.09.2017

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I que maco és regalar 40.000 milions d'euros a la banca i açò no és malversació ni prevaricació. M'ho podeu explicar? O 1.400 milions al Castor o...

01

Por Parararapá 12:56 - 16.09.2017

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Totalmente de acuerdo con este editorial. En cuanto a uno le tocan el bolsillo...