La respuesta del Gobierno de España al anuncio del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no enviar al Ministerio de Hacienda una justificación semanal de los gastos de la Generalitat de Cataluña no ha podido ser más acertada y proporcional: tomar el control de la caja y pagar directamente las nóminas a los funcionarios catalanes, así como las subvenciones públicas que reciben familias y empresas catalanas desde su administración autonómica. Es la única forma que tiene el Estado de garantizar que no se destina partida alguna a ningún fin ilegal, como es el referéndum del 1 de octubre, y de hacerlo sin alterar el statu quo autonómico actual. Con esta fórmula, el Gobierno mantiene el abono de los servicios que reciben los ciudadanos, piensen lo que piensen y hagan lo que hagan, dentro de la legalidad, preservando el autogobierno catalán y sin aplicar el artículo 155 de la Constitución, que supondría un control político y no solo económico de la autonomía. La medida anunciada ayer por el ministro Cristóbal Montoro va acompañada de una orden que requiere al presidente Puigdemont que en 48 horas comunique un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto.
La desobediencia de los actuales mandatarios catalanes merecía una réplica así porque está alcanzando cotas de difícil retorno, con decisiones que ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos, la actividad económica y la solvencia ante los socios europeos ya no solo de Cataluña, sino del conjunto de España. En la espiral de confrontación puesta en marcha por el Ejecutivo independentista la nueva línea roja traspasada por Junqueras es de inusitada trascendencia, pues no afecta a cargos electos o ejecutivos que aceptan voluntariamente desairar al Tribunal Constitucional, sino que puede causar serios perjuicios a personas, instituciones y empresas sin que tomen ninguna decisión. Estamos, pues, ante la primera decisión efectiva de la Generalitat en nombre del 1-O que supone una especie de toma de rehenes ciudadana, sin discriminar a quienes dan apoyo a los delirios secesionistas y a quienes no lo hacen, y que en la práctica parece una provocación más para buscar la suspensión total de competencias a la Generalitat por parte del Gobierno. Una posibilidad que se atisba en el horizonte y que por ahora no se ha producido, aunque ayer el presidente Mariano Rajoy afirmara, con tono grave: «Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar».
