Gobierno y sindicatos dieron ayer un primer paso para derogar los aspectos más nocivos de la reforma laboral del Partido Popular. La reunión de la Mesa del Diálogo Social se saldó con un preacuerdo que es un avance en la buena dirección. En una legislatura complicada, con los Presupuestos pendientes de aprobar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha olvidado uno de sus caballos de batalla mientras el PSOE estuvo en la oposición, devolver a los trabajadores la seguridad laboral que perdieron en el 2012.

Derogar aquella ley del PP fue una de las promesas electorales de Sánchez. Una vez en el Gobierno, con el PSOE en minoría parlamentaria, el pragmatismo obligó a rebajar las pretensiones. Se habló de un cambio a dos velocidades, esto es, modificar en el corto plazo los aspectos más lesivos de la norma, y dejar para más adelante un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El preacuerdo de este jueves se enmarca dentro de esta estrategia relatada.

Una de las primeras medidas será la recuperación de la ultraactividad de los convenios. El Gobierno de Rajoy suprimió este concepto, lo que torpedeó las negociaciones laborales, ya que dejaba indefensos a los trabajadores cuando vencía su convenio de empresa (al dar vía libre al empresario para aplicar unilateralmente el convenio sectorial). Este desequilibrio de fuerzas ha alimentado la degradación de las condiciones de los trabajadores, por lo que debe corregirse cuanto antes. Esta y otras de las medidas --como regular el control de las horas extras-- ayudarán a mejorar la calidad del empleo. No basta con reducir la tasa de paro si detrás de las estadísticas, como resulta evidente, se esconden empleos precarios. La patronal se apresuró a expresar su indignación, pero el Ejecutivo está comprometido en sacar adelante estas propuestas, y tiene la negociación política avanzada, incluso con fuerzas antagónicas en otros ámbitos, como el PDECat.

El Ministerio de Trabajo, con Magdalena Valerio al frente, ha mostrado su voluntad de poner fin a la precarización, no solo con buenas palabras, sino con hechos. Ahí están el Plan de Choque por el Empleo Joven, dotado con 2.000 millones de euros, o la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo día 21 en Barcelona. La derogación de parte de la reforma laboral, vía real decreto, dará carpetazo a una de las normas que más daño han hecho a la calidad del empleo en España.