Este jueves, los ciudadanos de la Unión Europea dejaron de vivir una situación absurda. En un espacio por el que circulan libremente las personas, las mercancías y los capitales dejarán de pagar un sobrecoste por utilizar su teléfono móvil fuera del Estado en el que lo tienen contratado. Aunque esta práctica pudo tener alguna justificación en los inicios de la telefonía móvil, lo cierto es que en este momento no tenía ninguna explicación razonable, puesto que los movimientos cruzados de sus clientes acaban compensando los costes que cada compañía soporta. Puesto que siempre criticamos a los burócratas de Bruselas, hay que reconocer que en esta ocasión la perseverancia de la Comisión Europea ha logrado finalmente hacer prevalecer los derechos de los usuarios a los impedimentos de las compañías. Con todo, habrá que estar vigilantes, porque las operadoras ya anuncian que buscarán la manera de repercutir a sus clientes los hipotéticos costes de la nueva situación.

El fin de la penalización de la itinerancia de los teléfonos móviles coincide además en el tiempo con otra realidad tangible de la UE como es el trigésimo aniversario del programa Erasmus. El impulso de la movilidad de los estudiantes universitarios ha sentado las bases para que entre al menos tres o cuatro generaciones de europeos se hayan establecido lazos que a medio plazo fortalecerán el proyecto de la UE. Cuando las instituciones se hacen tangibles, los ciudadanos las valoran mejor.