En las sesiones de constitución del Congreso de los Diputados y el Senado se escenificaron ayer los conflictos que pueden hacer de la legislatura que ahora empieza una singladura plagada de escollos para que los buenos propósitos de distensión y diálogo que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, expresó en su discurso, puedan llegar a hacerse realidad.

Las de ayer fueron la sesiones de los abrazos emotivos y los aplausos a los diputados electos que dejaron por un día sus celdas y el banquillo para sentarse en los escaños de diputado y senador, la de los discretos saludos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de los exabruptos, pataleos y proclamas fuera de tono de los elementos más montaraces o necesitados de lucir perfil combativo de las tres derechas. Pero lo bronco de la jornada, por llamativo, no deja de ser lo anecdótico: mucha mayor relevancia y complicación tendrá lo que suceda en la primero reunión de la Mesa, que se celebrará en los próximos días y en la que una mayoría controlada por los socialistas y Unidas Podemos deberá decidir la suspensión como diputados de los políticos independentistas presos y procesados.

Albert Rivera, en la primera de las muchas actuaciones que se le esperan para arrinconar como oposición visible a un Pablo Casado al que aún le espera el previsible batacazo del 26-M para acabar de desgastar su posición, acusó a la presidenta del Congreso, secundado a posteriori por Casado, de «humillar» el espíritu de la Constitución... al aceptar las fórmulas de promesa o jura de los políticos independenstias que cumplían los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional para que sean válidas: que incluyan el acatamiento de la Carta Magna, sean cuales sean las proclamaciones de índole políticos que se añadan a este componente fundamental de la fórmula. Una muestra más de hasta qué punto conciben de una manera restringida e interesada lo constitucional, olvidando para empezar un derecho tan básico como el de la libertad de expresión, al exigir que se acallase a los políticos independentistas, algunos de quienes dicen defender por encima de todo la ley fundamental. Y de las dificultades que se otean en el horizonte para encontrar la colaboración tan necesaria para conseguir reconducir el conflicto en lugar de eternizarlo.