La cuarta prórroga del estado de alarma se aprobó ayer en el Congreso después de varios días de incertidumbre, tras el anuncio del Partido Popular, el segundo grupo de la Cámara, de que no la apoyaría. Para salvar el decreto de prórroga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que admitir que no estamos en un régimen presidencialista, sino parlamentario, y que, al no disponer de mayoría absoluta, era imprescindible pactar con otros grupos parlamentarios. El Gobierno y el PSOE se aproximaron a las posiciones del PNV y de Ciudadanos, que pedían una cogobernanza con las autonomías en la desescalada y que las ayudas económicas y sociales se desvinculen del estado de alarma, y así consiguieron una votación de mayoría absoluta, de tal modo que, aunque el PP hubiera votado en contra, la prórroga se hubiese aprobado igualmente.

El PP, finalmente, se abstuvo, justificando que no votó en contra por las concesiones del Gobierno a otros grupos, aunque Pablo Casado las calificó de «prebendas». Pero el discurso del líder de la oposición superó incluso en dureza al que pronunció hace 15 días y se acercó a los postulados de Vox. Casado acusó a Sánchez de mentir, restringir libertades y manipular las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Llegó a hablar de «dictadura constitucional» y de «estado de excepción encubierto» frente a la opinión de numerosos juristas que consideran que el estado de alarma es el que se ajusta a una crisis sanitaria, mientras que el de excepción está reservado para crisis políticas de excepcional gravedad.

Si Sánchez consideró que no prorrogar la alarma sería un «error absoluto, total e imperdonable», lo que hace unos días había calificado de «caos», Casado le respondió que «el caos» y el «error absoluto es usted», y avanzó que, si dentro de 15 días el Gobierno pide una quinta prórroga, el PP no se abstendrá, sino que votará en contra. De todas formas, si el Gobierno amarra los pactos que ha trenzado con el PNV y con Ciudadanos, el voto en contra del PP sería de nuevo irrelevante. Sánchez aseguró con rotundidad que el estado de alarma «no es un proyecto político», que lo quiere levantar cuanto antes, pero que es la única manera jurídicamente viable de limitar los derechos de reunión y de libre circulación, algo necesario aún para luchar contra el coronavirus. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, y la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, le emplazaron a que en los próximos 15 días encuentre nuevas fórmulas, al menos para que las ayudas económicas y sociales, y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no dependan de la existencia o no del estado de alarma, una medida razonable que podría despejar la incertidumbre en una gravísima situación económica.

En el pleno se produjo una situación que no deja de ser paradójica. ERC, que se había abstenido en las tres prórrogas anteriores, viró al voto contrario alineándose así con Junts per Catalunya, que ya se opuso a la prórroga de hace dos semanas. El PNV, pese a amenazar con no votar a favor, mantuvo finalmente su apoyo al Gobierno, y el otro grupo vasco, el radical EH Bildu, repitió su abstención, igual que el Bloque Nacionalista Galego (BNG). De este modo, los nacionalistas vascos de cualquier signo respaldaron de una forma u otra al Gobierno, mientras que todo el nacionalismo catalán, incluida la CUP, se opuso a la prórroga.