Abuen paso, con un empeño digno de mejor causa, la Generalitat y el bloque independentista llevan a Cataluña a la confusión total, al desgobierno, a la mentira y al absoluto sectarismo institucional. Ayer, se vivió una jornada impropia de una democracia, un bochorno total. En unas secuencia estrambótica, se pasó de la inminente declaración de independencia, a la convocatoria de elecciones y a descartar esos comicios adelantados. Todo ello sin solución de continuidad y con un protagonista que, si hace apenas una semana estaba deslegitimado para pilotar la situación creada por él, hoy parece totalmente desquiciado: el presidente catalán, Carles Puigdemont.

A primera hora, anunció a los miembros de su gobierno y a los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP su decisión de convocar elecciones el próximo 20 de diciembre, e incluso filtró el éxito de la mediación del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Pero poco después se echó atrás aduciendo falta de «plenas garantías» por parte de la Moncloa de que a cambio de convocar elecciones no se aplicará el artículo 155 de la Constitución. Las garantías que pide Puigdemont incluyen excarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (lo que en un Estado de Derecho no depende del Gobierno), moderar la acción de la fiscalía (¿dejando de perseguir delitos?) y desmontar el despliegue policial extraordinario en Cataluña (ignorando la presunta dejación de funciones de los Mossos). ¿Desde cuándo el chantaje o las amenazas son garantías democráticas? El cinismo del independentismo alcanza cotas antológicas, además de ser una desfachatez que roza ya el insulto a la inteligencia.

Puigdemont culminó su esquizofrénica jornada incompareciendo en la tribuna del Parlament en un pleno convocado a petición suya, quizás a la espera de que el Senado avance en la tramitación del artículo 155. Hoy llega un nuevo Día D, el enésimo, pero con una diferencia para el bloque independentista: el tiempo extra se ha acabado y en apenas unas horas, de no convocar elecciones y renunciar a la DUI, Puigdemont y su gobierno serán cesados en sus funciones. Una aplicación ante la que el bloque constitucionalista de PP, PSOE y Cs debe mantenerse firme en el Senado porque la política española es más seria y solvente que el esperpento al que quiere llevarla el secesionismo. Por dolorosas que sean las medidas a aplicar e inexplorados los caminos por emprender.