El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, compareció ayer en el Parlament de Cataluña por el caso de la anciana de Reus que murió en un incendio provocado por las velas con las que se iluminaba después de que le cortaran el suministro por falta de pago. La opinión pública ha convertido este caso en el emblema de la denuncia sobre los efectos y la proliferación de casos de la llamada pobreza energética, la pérdida de suministros básicos como consecuencia del empobrecimiento de muchos usuarios durante la crisis económica. En este tipo de dramas confluyen muchos factores, desde la lentitud de la actividad legislativa y reglamentaria de la Administración hasta la falta de reflejos de algunas suministradoras.
Es evidente que ante el drama de la pobreza energética, la presión social y mediática ha empezado a corregir la falta de diligencia de las administraciones públicas, especialmente de los órganos reguladores, y a acentuar la sensibilidad de las propias compañías del sector, a las que las dinámicas de una legislación cambiante y la demanda de rentabilidad del mercado han llevado, en ocasiones, a no captar en su justa medida la magnitud del problema. Las soluciones, tímidas para algunos, se han hecho esperar, pero apuntan en la buena dirección.
Si bien la presión de los consumidores es clave para mantener la guardia alta, la responsabilidad de la Administración es fijar reglas que resulten claras y equitativas. Y la de las compañías suministradoras, hacer más pedagogía sobre sus actuaciones.
