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Opinión

 

Una sentencia controvertida

 

La reforma laboral del PP (2012), endureció las condiciones de trabajo en muchos aspectos, en especial el de los despidos llamados objetivos. Los sindicatos la siguen criticando, mientras una nueva reforma figura en las propuestas socialistas a la espera de las elecciones y de la formación de un Gobierno. Según fuentes sindicales, aquel cambio fue desmesurado al individualizar porque, de hecho, «criminalizaba al trabajador enfermo», al individualizar el cómputo de las bajas justificadas por enfermedad sin valorar el índice de absentismo global.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, con tres votos particulares en contra, certifica una medida que facilita el despido del trabajador que falte el 20% como mínimo de días laborables dos meses seguidos, aunque su ausencia sea justificada. Prevalece la «libertad de empresa y la defensa de la productividad» por encima del «derecho a la integridad física o moral y a un valor tan fundamental como es la salud», según la magistrada discrepante María Luisa Balaguer.

Un aspecto de la sentencia es la posibilidad cierta de que el criterio del TC incluya discriminación de género, por cuanto el concepto de enfermedad del TC no acepta situaciones que se producen mediante brotes periódicos o episódicos, como los trastornos menstruales. La sentencia se ceba en empleos ejercidos por mujeres y que son los más precarios en cuanto a prevención laboral y más proclives a generar bajas discontinuas. Este absentismo justificado, que afecta más a trabajadores de mayor edad, se convierte así en instrumento eficaz para aplicar reducciones de plantilla.