Quinta semana de confinamiento y solo tengo palabras de elogio hacia la ciudadanía que, desde que se decretó el estado de alarma, ha cumplido con todas las medidas preventivas impuestas, como la higiene y el distanciamiento social, entre otras.
Una de las consecuencias de la crisis sanitaria en el ámbito económico es la ausencia de la suficiente mano de obra temporal con la que se han visto afectados muchos de los cultivos que no son susceptibles de mecanizarse, con el riesgo de perderse. Sucede que en los países de origen se han dado medidas de movimiento restrictivas. Además, dentro del territorio nacional los trabajadores agrarios tienen temor de contagiarse, por eso muestran reticencias para moverse de sus lugares de residencia habitual. No hay quien recoja las cosechas. Las pérdidas serían enormes y surgirían acuciantes problemas de abastecimiento del mercado, lo cual llevaría al aumento del precio a pagar por los consumidores.
El 7 de abril el gobierno de coalición emitió un Real decreto-ley, cuyas medidas se orientan a promover la contratación de mano de obra para el sector primario, con lo que se atacaría el problema colateral en materia de renta de personas que se han quedado sin trabajo. Con este decreto, estas personas podrán incorporarse al trabajo en el campo y, a su vez, los propietarios tendrán la posibilidad de contratar mano de obra temporal, con la cual afrontar este escenario de dificultad coyuntural. Básicamente permite contratar en el sector agrario a desempleados, también a extranjeros a los que se les acaba el permiso de trabajo, pudiéndolo prorrogar, y a extranjeros residentes de 18 a 21 años que tengan una situación administrativa regular, yo entiendo que se dirige a los jóvenes tutelados por la administración pública, como también estudiantes que tienen permiso de residencia.
ES UNA MEDIDA que no contempla la regularización de inmigrantes después del 30 de junio, y tampoco se trata de una regularización en sí, es simplemente que a las personas que les caduque el permiso de trabajo pueden verlo prorrogado y así continuar en situación de empleo. Expertos afirman que esta medida solo apoya al 1-2% de inmigrantes con problemas para acceder a un trabajo. También quedan fuera los solicitantes de asilo sin permiso para trabajar y los que tienen papeles en trámite. Para colmo, al finalizar la campaña agrícola no hay derecho a regularización.
La crisis sanitaria, económica y social pone en evidencia que se agrava la situación de los inmigrantes, empeoran sus condiciones y se vulnera su dignidad como personas. Las medidas para favorecer la contratación temporal en el sector agrario causaron gran expectativa en la población inmigrante, dentro de la cual hay personas que se encuentran en el limbo, con sus papeles en trámite o sin papeles, pero con voluntad y fuerzas para trabajar y arrimar el hombro en estos momentos de urgencia. Si no hay papeles para todos, al menos que sí los haya para quienes con su mano de obra harán que nadie se quede sin alimentos que provienen del campo en estos tiempos duros y difíciles del coronavirus.
*Diputada de Unides Podem por Castelló en les Corts
