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Las reacciones del Gobierno a la celebración de la Diada oscilan entre el silencio de Mariano Rajoy y las advertencias hechas por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El PP ni siquiera entra a distinguir entre un referéndum unilateral y uno pactado, como propone ahora el presidente catalán Puigdemont. Ayer volvió a apostar por esta solución como paso previo a la convocatoria -si no hay acuerdo- de elecciones catalanas en verano del 2017. Sáenz de Santamaría calificó de “ilegal” y “oportunista” tanto el referéndum como las “elecciones constituyentes”, mientras que el titular de Justicia fue más allá al advertir que caerá “todo el peso de la ley” ante acciones como la consulta, que tachó de “ilegal”. El conflicto del encaje de Cataluña en España es político y de manera politica debe ser abordado, sin que eso signifique incumplir la legalidad. Incluso un partido con convicciones tan firmes sobre la unidad de España como Ciudadanos se distanció ayer del PP por boca de su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, que reclamó una “solución política”, no solo legal, y criticó tanto el inmovilismo del PP como el rupturismo del Gobierno catalán. Pero todos los partidos dan ya por hecho que no habrá novedades hasta las elecciones gallegas y vascas.
