El objetivo es claro y contundente: que en el 2050 no circule por España ningún turismo o furgoneta que emite CO2, lo cual implica prohibir la matriculación de coches de combustión con combustibles fósiles (diésel, gasolina e híbridos) a partir del 2040. La medida forma parte de la futura ley de cambio climático y transición enérgética que el Gobierno está preparando y repartiendo entre las diferentes formaciones políticas. La medida no es nueva --Francia, Noruega y California van en el mismo camino, con horizontes temporales diferentes-- y para el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es clave para cumplir con los compromisos adoptados en el marco de los Acuerdos de París. No solo se trata de cumplir los acuerdos internacionales: los efectos del cambio climático empiezan a ser evidentes, y los altos índices de contaminación en nuestras ciudades son insostenibles. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que la contaminación del aire en las ciudades europeas reduce la esperanza de vida de 2 a 24 meses, una cifra alarmante e intolerable. Seguir con los brazos cruzados no es una opción.

La intención del Gobierno socialista es lograr un acuerdo lo más amplio posible con los otros partidos y el resto de administraciones. Se trata de una cuestión de interés general que merece un pacto de Estado que blinde las medidas de los vaivenes que suelen suponer los cambios de gobierno cada cierto tiempo. El límite temporal puede ser flexible y sujeto a negociación, pero no el objetivo. La misma industria automovilística --cuyo peso en la economía española es indiscutible-- merece tener un horizonte claro y realista con el que trabajar. Pero la misma existencia del horizonte debe ser innegociable.

Es evidente que hoy hablar de un parque automovilístico sin presencia de combustibles sólidos es una quimera. El coche eléctrico no se ha desarrollado lo suficiente en términos de autonomía y de recarga, como tampoco lo han hecho las infraestructuras. El plan del Gobierno incluye, por ejemplo, que todas las gasolineras estén obligadas a instalar puntos de recarga para incentivar la expansión del coche eléctrico, clave en este proceso de sustitución. También va por el buen camino que los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados a crear zonas de bajas emisiones donde solo puedan acceder los vehículos más ecológicos. El cambio en este sector no debe frenarse.