Leo en la prensa que miles de personas han participado en Madrid en una manifestación de apoyo y acompañamiento a dos sindicalistas -creo que son de UGT-- para los que el fiscal pide siete años de cárcel y más de 7.000 euros de multa por participar en piquetes informativos de la huelga que, contra la reforma del PP, del Gobierno de Rajoy, se celebró en el 2012.
Ante una situación de ese tipo, tan rara y llamativa, y constatando que en España existe una Constitución democrática desde 1978 que, además, consagra el derecho de huelga, intenté averiguar qué barbaridad han podido cometer estos dos encartados para que se les pida más años que a las grandes figuras del fútbol que defraudan a Hacienda. Al final, lo único que encontré -nada raro ni casual- es que estos dos forman parte de un grupo de más de 300 sindicalistas que desde el 2012 han sido empapelados en aplicación de un artículo del Código Penal que data del franquismo y por participar en movilizaciones contra leyes o reformas que son improcedentes y lesivas contra los intereses de los trabajadores. Pero, además, y esto también ayuda a entender lo que está pasando, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid de entonces, era Manuel Moix, ese señor que ha dimitido como fiscal anticorrupción porque se ha conocido su participación en una sociedad panameña.
La pregunta es: ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? La respuesta o respuestas, son las que tú quieras. En cualquier caso, soy de la opinión de que quienes desde la más rancia derecha aún mantienen y usan el artículo 315.3 del Código Penal o han aprobado la conocida y reciente Ley mordaza para impedir la legítima movilización ciudadana, ahora, esos mismos, quieren sentar el derecho de huelga en el banquillo de los acusados para acojonar y recortar su uso. Esperemos que ningún juez, en su sano juicio, acabe condenando a estas personas, y los partidos políticos corrijan esas leyes injustas.
*Experto en extranjería
