La desigualdad entre mujeres y hombres arraigada en nuestras vidas debido al patriarcado encuentra otra forma de manifestación extrema de discriminación hacia las mujeres, especialmente niñas, en la mutilación genital femenina (MFG). Dicha práctica que consiste en la alteración o daño de los órganos genitales, nada relacionada con decisiones médicas, es reconocida como una violación de los derechos humanos de las mujeres, que se practica en niñas entre la infancia y la adolescencia.

Una práctica tan aberrante debería ser erradicada de la vida de las mujeres puesto que viola sus derechos a la salud --hemorragias graves, quistes, infecciones e infertilidad, complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos--, a su integridad física, a su seguridad. Podría decir que también viola el derecho a no ser sometidas a tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes; y muy especialmente, atenta contra el derecho a la vida, ya que muchas veces termina produciendo la muerte.

Unicaf y ONU-Mujeres tienen claro que se requieren nuevas políticas y leyes que protejan, tanto el derecho de las niñas, como el de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y discriminación. Además, en los países donde la mutilación genital femenina sigue ocurriendo, son los gobiernos los llamados a elaborar planes de acción nacionales para erradicarla. Estos planes deben contener financiación para servicios integrales de salud sexual y reproductiva, educación, asistencia social y jurídica.

En España esta realidad de las mujeres procedentes de África y de Oriente Medio existe; y sabemos, por los medios de comunicación, de niñas que son llevadas a sus países de origen para ser torturadas con la ablación del clítoris. Todos y todas debemos concienciarnos --no solo cada 6 de febrero considerado como día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina-- por erradicarla y denunciar esta práctica. En España viven en riesgo de sufrir MGF 18.000 niñas menores de 14 años, según un estudio realizado por la Fundación Wassu de la UAB.

Es importante la implicación de las asociaciones de mujeres inmigrantes, de entidades como las oenegé, de los y las profesionales sanitarios -más diálogo social, más formación e información, mayor empoderamiento de las mujeres y niñas--; y principalmente esfuerzos del gobierno central y de los gobiernos autonómicos, traducidos éstos últimos, en políticas dirigidas a mejorar la vida de las mujeres.

En nuestra autonomía, desde la conselleria de Sanidad, se ha ido avanzando, tanto en prevención como en tratamiento de sus efectos. Se ha hecho el Mapa de Riesgo de la Mutilación genital en la Comunitat Valenciana, el Protocolo de actuación sanitaria ante la MGF y la Unidad de Referencia para la cirugía reconstructiva en el Hospital Universitario Doctor Peset.

Es algo cultural, vale, pero los derechos humanos de las mujeres deben estar por encima de todo. Son mujeres supervivientes de la MGF y es necesario visibilizar y atender las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de esta práctica. Una clave: promover la atención psicosexual y la educación sexual desde el feminismo interseccional.

*Diputada de Unides Podem por Castelló en Les Corts