A los políticos y funcionarios les cuesta percibir la profunda transformación que está sufriendo el Estado administrativo tradicional, en el que una Administración paternalista y elitista pretendía tener las soluciones predeterminadas para cualquier problema, sobre la base de mantener quietecitos y calladitos a todos los ciudadanos.

Esta arraigada tradición cultural proviene de nuestras viejas concepciones religiosas, en que la Iglesia católica actuaba como una Administración protectora y dogmática siguiendo un esquema bíblico: la Iglesia es el pastor y los ciudadanos son su rebaño. Con los siglos hemos pasado de una Iglesia administrativa protectora a un Estado protector, pero sigue arraigada en los políticos la visión de la comunidad más como rebaño que como ciudadanos activos, emprendedores y con autonomía de acción.

Ha habido, sin embargo, otra concepción religiosa contrapuesta, la protestante, que introdujo una visión más individuocéntrica, donde la comunidad ha tenido todo el protagonismo. Esta se ha basado precisamente en el rechazo a una Administración eclesiástica arrogante, centralista y todopoderosa. La libre interpretación de la Biblia por el individuo iba a significar, también, la participación y la implicación directa de los ciudadanos en todas las instituciones públicas, repudiando que una burocracia se apropiara de la voluntad de la comunidad.

La crisis del Prestige ha puesto en evidencia que la reacción espontánea de la comunidad de ciudadanos activos desborda las previsiones de un Estado anquilosado, cada vez más privatizado y anoréxico, con una burocracia política y administrativa gazmoña. El signo más palpable de esa decadencia lo representa Aznar con sus delirantes sermones moralizantes y culpabilizadores de todos, menos de su Gobierno. Aunque a algunos les dé miedo, es signo de civismo y vitalidad que la comunidad no esté dispuesta a seguir impasible esperando que el Estado se lo resuelva todo.

No se trata de propugnar menos Estado y más mercado, sino que el reforzamiento del Estado democrático está pasando por una potenciación de la comunidad integrada en la gestión pública, es decir, un modelo de más Estado-comunidad.

La complejidad de los problemas requiere de funcionarios expertos, pero el peligro inherente es la configuración de un corporativismo separado de la sociedad. Y la mejor medicina es una mayor imbricación de la comunidad. Una justicia más compleja y técnica tiene que equilibrarse con una justicia de proximidad y con instituciones comunitarias como el jurado, frente al juez de carrera. Una policía técnica y científica no resuelve por sí sola los problemas si no es a través de reformas que se están realizando por todo el mundo como la policía comunitaria. Las catástrofes y las emergencias necesitan de una Administración técnica, pero también de una red de vigilancia y de una reacción ciudadana cívica y voluntaria que el Estado debe promover y canalizar en lugar de frenar.

Y es que los avances jurídicos, políticos y sociales de las últimas décadas han venido determinados más por la acción de grupos de todo tipo (ONG, voluntarios, Madres contra la droga....) que han ido configurando la protección de nuevos derechos y un cambio del sistema jurídico y social.

El ejemplo del derecho de protección medioambiental que representa una nueva visión preventiva de la salud no tiene su origen en el Estado, sino en movimientos ciudadanos de derechos del consumidor iniciados en los años 60. Otro ejemplo ilustrativo son los movimientos contra las empresas tabacaleras que, con sus pleitos, han provocado una incipiente legislación protectora. Asimismo, hoy las movilizaciones por la paz hacen tambalear las decisiones unilaterales de una Administración con aires imperiales.

Ahora que empiezan las campañas electorales y teniendo en cuenta que, para observar in situ las chapuzas de los últimos cuatro años, los políticos deben bajar a la arena, sería recomendable que leyeran a un autor consagrado como es Amitai Etzion La Nueva Regla de Oro. Comunidad y moralidad en una sociedad democrática. Y es que si la España democrática ha ido y "va bien" es gracias a que existe una comunidad activa y emprendedora que, como hemos visto, no está dispuesta a renunciar a sus derechos y deberes cívicos y sociales.