Clamor generalizado. Las obras de mejora del firme de la Autovía del Mediterráneo o A-7 a su paso por la Vall d’Uixó son necesarias. De hecho, ya deberían haberse acometido desde hace muchos años, pero los problemas financieros de la Administración del Estado, sumados al hecho de que Castellón no siempre figura en el mapa de prioridades, han hecho que se inicien ahora, esta misma semana. ¡Pues bienvenidas sean! Hasta aquí, nada que objetar.

Lo que no es de recibo es que desde el Ministerio de Fomento no se haya previsto una solución temporal digna para absorber el tráfico de los 48.000 vehículos que cada día circulan por la denominada variante de la Vall, y que durante seis meses van a tener que transitar en fila india y por un solo carril, con todo lo que ello implica para los usuarios.

La propuesta de que los conductores utilicen la N-340 como alternativa suena a broma. Precisamente, la autovía se construyó en su día como alternativa a este eje, absolutamente colapsado, cuyo recorrido por toda la provincia figura como uno de los más peligrosos y con más puntos negros de toda la red viaria nacional. ¿Esta es la solución?

Desde luego que no. Castellón tiene una autopista de peaje desde tiempos inmemoriales, una infraestructura cuya concesión se ha ido renovando y prolongando periódicamente, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios, y que no se liberalizará hasta el año 2019. ¿Tanto cuesta incluir, en el presupuesto de la obra, unos cuantos miles de euros más, que son calderilla para el Ministerio, con el fin de garantizar la seguridad de los conductores? ¿Por qué en otros lugares sí se hace y aquí no? No hay justificación razonable que lo explique.

Castellón va a ser cruzada de este a oeste por una nueva línea de muy alta tensión eléctrica. El objetivo es garantizar la calidad del suministro en el territorio, una medida que beneficia al conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, un proyecto que a priori puede resultar positivo, vuelve a convertirse en objeto de polémica política, en función de los intereses de cada partido.

Y es que la infraestructura, valorada en casi 50 millones de euros, no es nueva, ni mucho menos. Ya estaba contemplada en la planificación del Gobierno de Aznar, volvió a recogerse en la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y continúa su tramitación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por tanto, es absurdo culpar al Gobierno de un signo, porque tanto PP como PSOE han apoyado la iniciativa. El problema es muchas de las plataformas ciudadanas y ecologistas se han hecho fuertes ahora, coincidiendo con el cambio político en los ayuntamientos, para hacer la guerra de guerrillas, algo que no hicieron tampoco en su día, o al menos no tan mediáticamente, cuando en Madrid gobernaban sus compañeros de filas.

Esto es lo que no se puede hacer. A todos los castellonenses nos gusta que cuando activamos el interruptor, llegue la luz a casa. Y la luz no vuela por el espacio, sino que requiere de unas infreastructuras. De lo que se trata es que esas estructuras sean lo menos molestas posibles, primero para las personas, y luego para el patrimonio y el medio ambiente. Es hora de hacer un frente común constructivo por parte de todos y, por supuesto, que el Gobierno y Red Eléctrica así lo entiendan y lo asuman.