Todo apunta que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena será quien acumulará las causas contra los miembros del Govern y del Parlament que dirigieron las operaciones encaminadas a provocar, sin éxito, la secesión de Cataluña, con la consiguiente ruptura del orden constitucional y estatutario. La jueza Carmen Lamela, que ha instruido en la Audiencia Nacional la causa paralela contra los exconsellers, contra los presidentes de Òmnium y la ANC y contra el mayor Trapero, se pronunció ayer a favor de acumular las diversas causas por sedición. Y no lo hizo enmendando ninguno de sus planteamientos procesales, sino lo contrario. Considera la jueza que los encausados en uno y otro tribunal actuaron coordinados en pos de un mismo fin y que lo hicieron de manera articulada y organizada aprovechando los resortes del poder que les proporcionaban los cargos que ocupaban en aquellos momentos. Lamela, pues, antepone en este caso la coherencia de sus argumentos jurídicos a la conservación de una causa que inició con igual contundencia que entusiasmo. Siguiendo la petición del magistrado Llarena y de la jueza Lamela, lo lógico sería que también acabase en el Supremo el procedimiento abierto en el juzgado número 13 de Barcelona, responsable de las escuchas a altos cargos del Govern en los meses anteriores al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y de las detenciones de 13 altos cargos el 20 de septiembre.
Estas actuaciones judiciales se contraponen a las teorías conspirativas esgrimidas desde las filas independentistas. Los jueces se atienen al Estado de derecho, suelen actuar con criterio propio y en más de una ocasión contrariando los deseos de otros poderes del Estado como la policía o el Gobierno. La acumulación de las diversas causas abiertas en el Tribunal Supremo evitará, cuando llegue a producirse, mucho del ruido de las últimas semanas, en la medida que unificará los criterios procesales, tanto desde las salas de justicia como desde la fiscalía, que ha desorientado a una parte de la opinión pública y ha desconcertado a muchos juristas. Y, sobre todo, esa unificación deberá acelerar la excarcelación de los exconsellers, de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart para que la campaña de las elecciones del 21 de diciembre se desarrolle con la mayor normalidad posible dentro de la excepcionalidad que supone la aplicación del artículo 155.
