Tengo la sensación cuando sigo las noticias sobre el choque entre el mundo del taxi y el de los VTC que salpican cualquier noticiario, de presenciar una lucha de gladiadores de esas de circo romano en las que dos esclavos pelean, los tribunos apuestan y el César decide sobre la vida y la muerte de los esclavos. Los que luchan en la arena siempre salen perdiendo.

Antes de que el conflicto reventase por los cuatro costados, Comisiones Obreras advirtió, ya en el mes del septiembre pasado, de que el decreto del Gobierno no solucionaba el problema, mejor dicho, los problemas. Como mucho, se aplazaba por un tiempo, y a la vista de los acontecimientos, por un breve periodo. Tristemente y como siempre, de este conflicto son las personas que trabajan tanto en el taxi como en las VTC las que sufren el día a día de esta confrontación y sus consecuencias.

La falta de valentía de los diferentes ámbitos de gobierno para afrontar la regulación de eso que venimos denominando «plataformas de economía participativa», eufemismo que enmascara un nuevo modelo de negocio que nace con la vocación de desrregularizar el mercado de trabajo, nos han abocado a la situación actual.

El Gobierno central ha respondido con un real decreto que parece improbable que se cumpla si no se establecen medidas adicionales de control y seguimiento, cuestión alejada del panorama político hoy por hoy, y situando la patata caliente en manos de autonomías y ayuntamientos. Eso si, se han reunido con todo el mundo. Con todos menos con Comisiones Obreras que, entiendo, algo o más bien mucho tendremos que decir sobre regulaciones laborales y condiciones de trabajo.

Fijemos el punto de mira en el foco real, en la causa original y primigenia. Esto es un conflicto entre patronales, y no entre quienes trabajan por cuenta ajena para estas. ¿Quién gana con este enfrentamiento entre trabajadores? ¿A quién favorece el malestar entre la ciudadanía por la prestación del servicio? Estamos ante una lucha feroz entre patronales por el reparto de un nicho de negocio frente al servicio público. Por sus beneficios empresariales. Algunos han abrazado posturas afines a una u otra patronal. No CCOO. Nuestra tarea nos sitúa en la denuncia de esas plantillas con salarios bajos, con condiciones de empleo precarias, jornadas abusivas y sin normativa laboral específica.

Entendemos pues, que la solución del conflicto pasa por la implicación y coordinación de las administraciones, más allá de sus colores políticos y por la voluntad de ambos colectivos en regular el servicio en todo sus apartados, pago de impuestos, tarifas, formación, titulación para llevar pasajeros, y marco laboral digno y de calidad para todas las personas asalariadas de VTC y del taxi. Es imprescindible el diálogo entre agentes sociales y Administraciones competentes.

Dejando sentado que nuestra la línea de actuación debe pasar por la protección de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el taxi y en los VTC, garantizando la legalidad de las relaciones laborales cuando son asalariadas y eliminando el fraude en los falsos autónomos. Las condiciones laborales dignas y el trabajo decente no pueden ser moneda de cambio. Nadie cuestiona ya que determinados modelos de empresa utilizan para consolidarse y aumentar sus beneficios, la explotación laboral ofreciendo el low cost como banderín de enganche. Es notorio que la ecuación condiciones laborales dignas y precios muy reducido, no puede sostenerse en el tiempo. Debemos poner en cuestión modelos de empresa emergentes a la vez que se atienden y revisan los sectores regulados. Especial consideración debe tener el servicio público, garantizando este y la posible confluencia de proveedores que pudiesen prestarlo.

Esperemos no tener que esperar mucho tiempo para que el Cesar levante el pulgar y los esclavos de la arena puedan dejar de desangrase mientras los tribunos siguen a lo suyo, a sus óbolos convertidos en euros o dólares.

*Secretaria general Federación de Serveis a la Ciutadania CCOO Comarques del Nord