Es verdad que el tema de prisiones en momentos puntuales tiene una gran repercusión mediática. Baste recordar el ingreso en prisión de políticos corruptos (demasiados, lo que dice poco de la salud democrática de un país) y también por execrables asesinatos que han provocado gran dolor en familiares y amigos de las víctimas. Pero tanto en unos casos como en los otros, raramente la ciudadanía se para a pensar en que los culpables pasarán largos años en prisión donde serán, no solo custodiados, sino también tratados por trabajadores penitenciarios.
Unos profesionales largamente olvidados por la Administración. Es cierto que en este sentido, el gran culpable ha sido el Sr. Yuste, que durante años ha estado gestionando de forma anodina la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero no es menos cierto, que algunos políticos en la oposición decían una cosa y ya en el poder han cambiado de opinión, llegando incluso a presentar una propuesta de negociación y retirándola a los tres días, evidenciando la poca seriedad con la que afrontan el problema.
Debemos recordar que el conflicto se inicia 20 meses atrás, creándose una plataforma sindical, en la que se encuentra UGT, para trasladar a la ciudadanía sus reivindicaciones, manteniendo a tal efecto reuniones con diputados y senadores en todas las provincias. Reivindicaciones justas y coherentes con el mandato del artículo 25 de la Constitución.
LA LEGISLACIÓN penitenciaria española es de las más avanzadas del mundo. Las infraestructuras carcelarias son modernas y bien dotadas. Pero todo eso resulta insuficiente si no se cuida el factor humano. Desde UGT pensamos que no se puede cumplir con el mandato constitucional, si las plantillas están un 15% por debajo de lo que deberían como consecuencia de las tasas de reposición establecidas por el Sr. Montoro. Pero en el caso de servicios públicos esenciales, como prisiones, que es un entorno en el que se trabaja con personas, esos recortes tienen mayores repercusiones, dado que la tecnología pocas veces puede suplir al factor humano. Esa falta de personal conlleva que la labor de los profesionales se halla vuelto más peligrosa si cabe, traduciéndose, desgraciadamente, en un aumento exponencial de las agresiones. Problema este, en el que ha influido también negativamente el hecho de que estos profesionales no ostentan la condición de agentes de la autoridad, a diferencia de colectivos como el sanitario y el educativo. Bastaría con modificar la normativa lo que no conllevaría coste económico.
Desde UGT pensamos que tampoco se puede cumplir con el mandato constitucional si se mantiene un modelo organizativo y funcional basado en un reglamento del año 1981, derogado casi en su totalidad, si no se tiene en cuenta la diversidad delictiva dentro de las prisiones y si no se tiene en cuenta el aumento de la población reclusa con enfermedades mentales.
Como UGT creemos que es urgente la necesidad de abrir un periodo de negociación para evitar que el conflicto se enquiste y se traslade al interior de las prisiones. Como también creemos que actitudes rancias de algún director, entre ellos el de la prisión de Albocàsser, en nada favorecen ese buscado clima de diálogo.
*Secretario Territorial Intercomarcal de FeSP UGT Comarques del Nord
