En España, al igual que en otros países del sur de Europa, la necesidad de nuevos trabajadores para ocupar los puestos de trabajo de nivel bajo ha sido un factor fundamental en el acceso al empleo del colectivo extranjero en las tres últimas décadas.
Las personas extranjeras trabajan principalmente en aquellos sectores laborales que tienen más riesgos e incertidumbre, como es el empleo temporal, los puestos de trabajo con salarios bajos y la ocupación en pequeñas empresas y en sectores intensivos en mano de obra.
Dentro de estos trabajos con salarios bajos se encuentra el trabajo de hogar y de cuidados, que se inserta dentro de una dinámica global de transferencia de cargas reproductivas de las mujeres de los países más desarrollados hacia las mujeres de los menos desarrollados. Son estas últimas, mujeres migrantes, quienes se ocupan de las atenciones y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida en los hogares de las mujeres del primer mundo.
EN LOS 90, las españolas se insertaron en el mercado laboral de forma rápida y constante, por lo que no podían seguir realizando las labores domésticas en sus respectivos hogares. Tampoco había suficientes españolas que quisieran trabajar en este sector. Es aquí cuando se empieza a cubrir esos espacios por trabajadoras extranjeras. Se ha hablado mucho de la feminización de la pobreza, pero existe también una feminización de las migraciones. Mujeres provenientes de Latinoamérica, de Europa del este y del norte de África son las que desarrollan su proyecto migratorio solas.
Para las extranjeras que llegan a Europa, en este caso a España, el sector de trabajo de hogar y de cuidados es prácticamente la primera y la única oportunidad de inserción laboral. Y es aquí donde más vulneraciones de derechos se producen, al ser un trabajo invisibilizado que se realiza dentro de una propiedad privada y en condiciones laborales mínimas, por no decir nulas, con largas jornadas de trabajo, sin descansos respectivos, sin vacaciones, sin retribución justa, muchas veces sin contrato laboral.
PESE A LA Pese a la normativa del 2011, aplicada desde el 1 de enero del 2012, que intenta acercar o integrar a las trabajadoras del hogar dentro del Régimen General a través del Sistema Especial para empleados de hogar, los derechos laborales y de seguridad social de estas trabajadoras no son iguales a los de los trabajadores de otros sectores.
El trabajo de hogar y de cuidados está en la agenda política desde hace unos años, cuando arribaron al panorama político fuerzas del cambio. Durante muchos años el colectivo de trabajadoras de hogar se ha manifestado pidiendo al gobierno central que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para trabajadores del hogar, reivindicando derechos, como la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, la inclusión en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el derecho al subsidio por desempleo, entre otros. Pese a estar en la agenda política poco se ha hecho. Son pocas las iniciativas parlamentarias que proponen mejoras para este sector laboral, pero algo se ha avanzado.
En el parlamento de la Comunidad Valenciana, les Corts Valencianes, durante la IX Legislatura, del 2015 al 2019, se han tramitado 22 iniciativas parlamentarias sobre el trabajo de hogar y de los cuidados, un número que consideramos menor respecto a la importancia de la problemática de este sector laboral tan precarizado y con desigualdad de derechos laborales y sociales. En la VIII Legislatura solo dos.
*Diputada de Unides Podem en les Corts
