El final de la Semana Santa puso fin a un periodo de hibernación extraordinario de la actividad económica en España. Hemos vuelto al estado de alarma inicial que prohibe todas aquellas actividades que implican la concentración de personas, desde los restaurantes hasta las escuelas pasando por los comercios, y que invita a todo aquel que pueda a teletrabajar. El descenso de contagios y muertes por el covid-19 que vivimos estos días se debe, fundamentalmente, al estado de alarma. Pero el regreso al trabajo de los empleados de empresas que no dan servicio esencial y que no pueden producir a distancia, básicamente de las industrias, no está siendo fácil. Demagogias políticas aparte, los sindicatos exigen garantías de seguridad para los trabajadores. Las mascarillas y la distancia de seguridad son mínimos imprescindibles y deberían serlo también los tests o la toma regular de temperatura. Algunos empresarios muestran su impotencia para asegurar estas garantías. Las pequeñas y medianas empresas, en muchas ocasiones, no pueden conseguir ese material con las restricciones que hay en el mercado. Por ello, este regreso al trabajo, ensayo de lo que dentro de un mes puede ser la llamada desescalada, debería conllevar soluciones para situaciones angustiosas. Patronal y sindicatos intentan poner sentido común, pero tienen que encontrar en la Administración soluciones efectivas. El fin del confinamiento no se puede afrontar con garantías sin las mascarillas necesarias que permitan mantener un cierto distanciamiento social y sin tests que habiliten la trazabilidad de los contagios que evite la necesidad de un nuevo cese de actividad.
